La Fiscalía ha solicitado al instructor del 'procés', Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín para que sean entregado a España desde Bélgica, donde se encuentran, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los fiscales del 'procés' han dado este paso después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo (TS) para reactivar las euroórdenes.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal explican que, aunque el fallo del TGUE se puede recurrir, y las defensas ya han avanzado que lo harán, esta situación no genera «efecto suspensivo» alguno. Así, «teniendo en cuenta su situación personal --huidos de la justicia y en rebeldía-- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados»
Sobre las órdenes de busca y captura internacionales reclamadas contra ambos, los representantes del Ministerio Público argumentan que procede acordarlas «por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición». Las órdenes de entrega y detención europeas (OEDEs) estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando Llarena las dejó sin efecto tras revisar el procesamiento de los huidos del 'procés' a la luz de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación.
En los casos de Puigdemont y Comín, sustituyó la sedición por desobediencia --un delito sin cárcel-- y mantuvo la malversación agravada que, conforme recuerdan los fiscales ahora, conlleva pena de prisión de entre 6 y 12 años, «dada la elevada cuantía de los fondos malversados». Entonces, el magistrado indicó que no tomaría una nueva decisión sobre las OEDEs hasta que se resolvieran dos cuestiones clave. La primera era la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que Llarena planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar a Lluís Puig.
El alto tribunal removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España. La segunda incógnita a despejar era, precisamente, el fallo del TGUE sobre la inmunidad y los suplicatorios.
Un proceso largo
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aclaran que, si bien las resoluciones de los tribunales europeos ayudan, no implican una entrega inmediata del ex president y el ex conseller. En primer lugar, porque el fallo del TGUE no es firme y se espera que la defensa solicite como medida cautelar que se les devuelva la inmunidad hasta que se resuelva el fondo del asunto, tal y como ocurrió respecto a los recursos desestimados el pasado 5 de julio.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, una vez dictadas las euroórdenes, son los jueces belgas quienes tienen que acordar la detención y entrega de Puigdemont y su antiguo consejero. Desde el Supremo no se descarta la posibilidad de que vuelvan a aducir «razones banales» para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes. El fallo del TGUE también afectaba a la ex consejera Clara Ponsatí, pero al haber quedado procesada únicamente por desobediencia no es posible dictar una nueva euroorden en su contra, puesto que se trata de un delito sin pena de cárcel.
Otra situación 'sui generis' es la de Puig, procesado por desobediencia y malversación. Respecto a él, Llarena estaba pendiente de dos cosas: la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial --resuelta en enero-- y que los nuevos autos de procesamiento fueran firmes --algo que ocurrió en junio--. Para su caso, el fallo del TGUE era indiferente porque no es eurodiputado. Así, queda pendiente también lo que el magistrado acuerde para él en materia de OEDEs.
El que esta ben clar es que la repressió de l'independentisme ha duit a Espanya a situar-se en la radicalitat antidemocratica i que el bloqueix del CGPJ es una maniobra del PP per empresonar independentistes i de pas també de protegir als peperos de la llarga llista de delictes per corrupció que se'ls hi ve damunt. I de la que la Mafia del senyor Villarejo es un fidel testimoni.