Un total de 65 personas que ocuparon escaño en el Congreso en la anterior legislatura pero no renovaron su acta tras las elecciones generales del pasado julio, ya fuera por no ir en las listas o por no lograr votos suficientes para repetir, han empezado ya a cobrar la llamada indemnización por cese que abona la Cámara, una suerte de 'paro' que se puede percibir siempre que no se cuenta con otros ingresos y que se haya estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
Esa indemnización es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abona de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.
En concreto, según los datos del Congreso consultados por Europa Press, están cobrando esta indemnización 24 exdiputados del PSOE, 13 de Unidas Podemos, diez de Vox, siete del PP, seis de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana, los dos exparlamentarios que tuvo la CUP en la anterior legislatura y uno del PDeCAT. El exdiputado que cobrará esta indemnización durante más tiempo, si su situación laboral no varía, es el 'popular' José Ignacio Echániz, quien acumula varias legislaturas a sus espaldas y, por tanto tiene derecho a 18 mensualidades.
La exdiputada socialista por Granada Elvira Ramón, por su parte, puede percibir la indemnización durante 11 meses, su excompañera electa por Jaén Laura Berja, que fue portavoz de Igualdad, podrá cobrarla durante ocho meses, igual que el exdiputado de Podemos Rafa Mayoral y que Anton Gómez Reino, exdiputado de la confluencia gallega del partido morado.
A la que fuera presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se le han concedido cuatro meses, pues llegó al Congreso en mayo de 2019, igual que al que fuera presidente el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la anterior legislatura, el exdiputado de En Comú Jaume Asens, que ahora ejerce como negociador de Sumar con Junts para una eventual investidura de Pedro Sánchez.
Algunos de estos diputados también cobraron la llamada indemnización de transición tras la disolución de las Cortes el pasado 30 de mayo, una especie de 'finiquito' que abona la Cámara para cubrir el periodo entre legislaturas. En concreto, 48 de los 66 exdiputados que ya perciben la indemnización por cese perdieron su escaño en mayo y no volvieron a recuperarlo bien porque no repetían en las listas o bien porque no lograron hacerse con el acta.
Tras la disolución sólo continuaron siendo diputados los 137 miembros de la Diputación Permanente. De las 212 personas que perdieron entonces el escaño, el 95,28% cobraron la denominada indemnización de transición y sólo una decena renunció, según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Esta indemnización de transición, también incompatible con cualquier otro ingreso público o privado, sí se abona en un solo pago y no mensualmente. Su cuantía corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los días que median entre la disolución y la víspera de la constitución del nuevo Congreso.
Además de la denominada retribución constitucional (3.126,89 euros) este 'finiquito' incluye la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.
Por tanto, para quienes lo percibieron tras la última disolución osciló entre los 10.200 euros de los diputados de base de Madrid hasta los casi 13.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones, a los que habría que sumar los complementos que viniera percibiendo cada uno en función de su cargo en la Cámara.