La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han solicitado este lunes la dimisión del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial ante la «anormalidad institucional» que supone su bloqueo, que cumple ya cinco años. Cinco años de mandato caducado de la cúspide judicial en nuestro país, frente al cual las asociaciones judiciales han asegurado que «supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial», destacando que «quienes acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios».
«En este triste quinto aniversario reclamamos la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato». Los posicionamientos son compartidos por el Gobierno de coalición, cuyos miembros han reclamado este mismo lunes al bando conservador que aborde una renovación por la cual Europa ya ha encendido las luces de alarma y ha emitido claras advertencias.
Las asociaciones añaden que los cargos del CGPJ que hace cinco años deberían haber sido relevados son «personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico», y que «prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno». No menos duro ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que piensa que el Partido Popular incurre en prácticas de 'lawfare', la guerra judicial contra adversarios políticos, al no acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano según él 'secuestrado' por los populares dado que sus votos son necesarios para llevar a cabo el recambio.
En todo caso, Sánchez asegura que llamará al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo -«Yo no tengo ningún problema, voy a llamarle, por supuesto», ha señalado en una entrevista radiofónica. Asimismo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado al Partido Popular a cumplir con el mandato constitucional para renovar el Consejo General del Poder Judicial: «Si son tan constitucionalistas, que cumplan». «Estamos conociendo un PP que no solamente se sitúa en las políticas de la destrucción, sino que no está respetando el mandato constitucional ni las instituciones, que vuelvo a insistir, son de la ciudadanía».«Que dejen de hacer puro partidismo con los órganos y que cumplan como demócratas de nuestro país», ha insistido.
La renovación del Poder Judicial es un mandato constitucional recogido en el artículo 122 de la Carta Magna. Esta situación inédita, que desde dentro califican de «insostenible» tanto para el propio órgano como para la Justicia española, afronta dos posibilidades de renovación: el acuerdo político PSOE-PP o una reforma legal. No obstante, fuentes consultadas llaman a la cautela debido al actual clima de confrontación entre el Gobierno y el mundo judicial a cuenta de la amnistía, lo que abocaría a la segunda opción.
Más allá del desprestigio institucional, que es ya un clamor en el mundo judicial, la situación de interinidad del CGPJ ha tenido un claro impacto en la administración de justicia por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales. En total hay 85 vacantes en la cúpula judicial, con una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 23 en el Supremo (TS). Este último ha perdido ya un tercio de magistrados sin cubrir sus plazas, lo que ha llevado al borde del colapso a sus salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Su Gabinete Técnico, en un informe emitido hace poco más de un año, avisó de que eso supondría dictar mil sentencias menos.