El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite, al no apreciar delito alguno, una querella de Vox contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por permitir el uso de lenguas cooficiales en el Pleno de la Cámara Baja el pasado 19 de septiembre, antes de que estuviera autorizado por el Reglamento.
En un auto, la Sala Penal explica que los hechos que se imputan, la autorización para que los parlamentarios no utilizaran de forma obligatoria el castellano y les fuera permitido el uso de otras lenguas oficiales del Estado, «tuvo lugar en un contexto de modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir esa situación». Una modificación del Reglamento que tuvo lugar, añade, «dos días después, siendo aprobado en la nueva redacción la autorización en el Parlamento de lenguas distintas del español».
El hecho de que no estuviera expresamente autorizado en la sesión del 19 de septiembre, «no significa que no pudiera autorizarse su utilización, en la forma en que fue utilizado, y de acuerdo a la modificación que iba a tener lugar dos días después». En todo caso, los magistrados indican que el delito de prevaricación, señalado en la querella, «exige que la acción imputada sea ilegal, injusta y arbitraria, que no se rellena por la mera contrariedad al derecho sino que es preciso que esa contrariedad al derecho sea una contrariedad a los principios y valores constitucionales».
La mera ilegalidad, explica la Sala, «es susceptible de ser corregida mediante la utilización de las normas de policía, incluso judicialmente, reponiendo la legalidad quebrantada, pero el delito de prevaricación exige un plus de contrariedad con la norma causante de una lesión de valores y principios constitucionales que en el hecho denunciado no concurre».
En su querella, Vox acusaba a Armengol de haber actuado «al margen de la legalidad, a sabiendas y con clara voluntad» de «infringir» el Reglamento del Congreso pese a ser advertida por los propios diputados del partido que lidera Santiago Abascal. La «indiferencia» de Armengol, según Vox, provocó que se vulneraran cuatro artículos del reglamento del Congreso (6.2, 70.3, 60.1 y 103.2) y el 3 de la Constitución, que consagra al castellano como la lengua oficial del Estado.