El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves por unanimidad instar a las Cortes a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación y, en caso de ser citados, el Consejo denegará la autorización para que comparezcan.
Se trata de un acuerdo histórico que blinda a los jueces y magistrados ante las comisiones, toda vez que se alcanza por unanimidad, algo infrecuente en los últimos tiempos en el Consejo, muy polarizado entre los bloques conservador y progresista. Y ha ocurrido en el último pleno ordinario del año, al que se llegaba con el malestar de fondo de la carrera judicial contra la posibilidad de que las comisiones de la Operación Cataluña y de Pegasus citen a jueces sobre supuestos casos de 'lawfare'.
Pero el Consejo, que acaba de cumplir un mandato completo de cinco años en funciones, ha cerrado esa puerta en un acuerdo de cuatro puntos que arranca instando al Congreso y al Senado «a que se abstengan de citar a jueces y magistrados» sobre hechos que hayan sido objeto de su actividad jurisdiccional.
Del mismo modo, «los jueces no podrán revelar por escrito o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieran tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional». Pese a esta advertencia, «los jueces y magistrados que fueran convocados deberán ponerlo en conocimiento inmediato a la Comisión Permanente» con copia de la citación, que responderá ante ello. Así, la Comisión Permanente «denegará la autorización de comisiones de servicios a los jueces y magistrados para que comparezcan a declarar» antes las comisiones.
Con este acuerdo, el Consejo en bloque cierra filas con la carrera judicial como hace una semana ya había avanzando su presidente, Vicente Guilarte, cuando dijo que ningún juez puede comparecer, pues hacerlo «implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado». El Pleno ha abordado esta cuestión, a petición de la mayoría conservadora, que ante los señalamientos a jueces y la intención de criminalizar la labor judicial, pedía que el Consejo se posicione para que «ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho».