El Govern de la Generalitat ha declarado la emergencia por sequía en Cataluña, una situación sin precedentes, que tendrá efecto a partir de mañana viernes, y que afectará a 6 millones de personas de las áreas de Barcelona y Girona, cuyo consumo quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día. Así lo han anunciado en rueda de prensa tras la comisión interdepartamental de sequía el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Acció Climàtica, David Mascort.
«No nos habíamos enfrentado nunca una sequía tan larga desde que existen mediciones de lluvia. Arrastramos tres años en los que no llueve como el país necesita», ha justificado Aragonès, quien ha defendido el «trabajo» y la «inversión» para mitigar los efectos y retrasar hasta 15 meses la entrada en emergencia.
A pesar de la gravedad de la situación, Aragonès ha apostado por que Cataluña «saldrá más fuerte y más resiliente» de la situación, y ha mostrado el «orgullo» por el «esfuerzo» hecho tanto por los ciudadanos como por sectores como el primario, principalmente la ganadería y la agricultura. «La crisis climática nos está poniendo a prueba», ha añadido el presidente, quien se ha mostrado seguro de que «Cataluña podrá superarlo» como ya hizo, ha dicho, con la pandemia.
Hasta 239 municipios entrarán desde el viernes en emergencia, lo que implicará que estos ayuntamientos tendrán que controlar los consumos de los ciudadanos y servicios que se abastecen con la red pública. Concretamente, son 202 municipios del sistema Ter-Llobregat, 22 del acuífero del Fluvià Muga, 12 del embalse de Darnius Boadella, 2 de Riudecanyes y Vallirana, de la unidad de explotación Anoia-Gaià.
Quedan fuera de la situación crítica la mayoría de localidades de Lleida y Tarragona, que dependen de la Conferencia Hidrográfica del Ebro o de la unidad del Consorcio de Aguas de Tarragona, que ha mejorado y pasa de alerta a prealerta. Las nuevas restricciones establecen un límite de 200 litros por habitante y día para todos los usos (se suman los industriales, agrícolas, recreativos o personales); en los hogares, se recomienda que el consumo sea de 90 litros. La ciudad de Barcelona no tiene consumo superiores en estos momentos. Para reducir el consumo, cabe la posibilidad de bajar la presión del agua en los municipios que superen los máximos, algo que es competencia del Área Metropolitana de Barcelona.
Además, se reduce en un 80% el riego agrícola, en un 50% el de ganadería y en un 25% el industrial, el mismo porcentaje que se aplica para usos recreativos. Queda prohibida la limpieza de espacios urbanos con agua potable ni lavar el coche por el mismo sistema. Quedará prohibido el llenado total o parcial de todo tipo de piscinas con agua dulce, lo que incluye las de los hoteles y cámpings, si bien el sector salvará la Semana Santa y el verano usando agua salada, lo que sí está permitido.
Tampoco estará permitido el uso de agua para el riego de jardines y zonas verdes, tanto privadas como públicas, excepto si es para la supervivencia del arbolado o jardines botánicos públicos siempre que se haga con aguas regeneradas o freáticas, como ya hace el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros municipios.
Además, el Govern ha aplicado una moratoria para nuevas actividades económicas que requieran un uso intensivo del agua como granjas nuevas o ampliación de las existentes, industrias o actividades turísticas y nuevos planes urbanísticos. Sobre el sistema sancionador, Mascort ha destacado que se está trabajando con los ayuntamientos para adaptar las nuevas medidas y obtener ayudas para mejorar sus redes de suministro, pero en último término se tendrá que aplicar las sanciones que correspondan porque así lo prevé el plan de sequía.
Antes España les robaba el dinero, ahora les roba el agua