La sombra del exministro de Transportes y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, planea en el sumario del ya bautizado como caso Koldo, en honor al que fuera su asesor los años que ostentó esos cargos y al que se considera cabecilla de esta presunta trama de cobro ilegal de comisiones por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en plena pandemia. Una visita oficial del entonces ministro a México, acompañado de su fiel escudero Koldo García Izaguirre, en febrero de 2019, le llevó a Ábalos a coincidir con otro de los principales investigados, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la sazón cónsul honorario de ese país.
En esa visita, Ábalos anunció el «interés» de España de participar, a través de Grupo Fomento -al que pertenecen empresas como Aena, Adif o Renfe- en «algunos proyectos estratégicos» del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, y también se reunió con empresarios en la sede de la Cámara Española de Comercio. La Fiscalía Anticorrupción menciona este viaje en un pie de página de la querella que ha desembocado en la operación Delorme, que se ha saldado con una veintena de detenidos casi dos años después de poner en marcha esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta en marzo de 2022 por el PP. La querella abre este paréntesis cuando relata que el contacto de Koldo García con la empresa sobre la que pivota todo el entramado, Soluciones de Gestión -adjudicataria de ocho contratos bajo sospecha por un valor total de 54 millones de euros-, se produjo «por medio» de Aldama, con el que la Fiscalía dice que Koldo ha coincidido «en un contexto laboral, desde al menos diciembre de 2018», dos meses antes de la visita de Ábalos a México.
A la Fiscalía le consta que, «al menos en una ocasión», Aldama recurrió a Koldo «para agilizar trámites en el Ministerio y que, asimismo, este último también habría sido conocedor de alguna de las vicisitudes relativas a los vuelos para el suministro de material sanitario que Soluciones de Gestión estaba organizando». Otra alusión velada que haría referencia a Ábalos aparece en una de las conversaciones telefónicas intervenidas a los implicados en la trama y que se ha conocido en los autos por los que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dejó este jueves en libertad con medidas cautelares a Koldo García, a su hermano Joseba, a Víctor de Aldama y al empresario Iñigo Rotaeche. En esa conversación, captada el pasado 4 de diciembre, los empresarios Iñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto (quien presuntamente controlaba Soluciones de Gestión junto a Aldama) hablan de «un favor» que le habría pedido Koldo García y su «exjefe», sin especificar de quién se trata. «Esto es un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio».
El primer contrato investigado para el suministro de mascarillas por un valor de 20 millones de euros fue adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado, de cuyo Consejo Rector formaba parte Koldo García, y el segundo, días después, por un ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) -ADIF-, donde asesoraba a su titular. El 20 de abril fue la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, la que adjudicó los siguientes contratos, «como consecuencia de las decisiones del MITMA». Sin embargo, «de la documentación aportada en los requerimientos efectuados a los distintos organismos no se deja claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación».
Tampoco aportaron «comunicaciones entre los órganos de contratación y la empresa investigada que pudieran justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas». A la Fiscalía le ha llamado la atención que el plazo «entre la publicación de las dos Órdenes del MITMA y las adjudicaciones por Puertos del Estado y ADIF fue prácticamente inexistente», además de que la publicación de la Orden para la regulación de la adquisición y distribución del material sanitario se producía el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato para cubrir esa necesidad. «Este extremo -apunta la Fiscalía- parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración Pública que también se ha reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección individual».