La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha defendido que la idea de construir el Campus de la Justicia de Madrid en 2005 «contaba con muchos apoyos en el mundo de la justicia» y ha incluido entre ellos al que fuera entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional. «En las fotos de la colocación de la primera piedra sale Conde-Pumpido en primer plano», ha apuntado Aguirre en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en contratos para la puesta en marcha del Campus de la Justicia de Madrid, del que solo se construyo el edificio del Instituto de Medicina Legal.
Entre los seis acusados en esta causa figura el que fuera su vicepresidente segundo y consejero de Justicia Alfredo De Prada, que se enfrenta a una petición del fiscal de 8 años de cárcel, y que ha sido el que ha pedido la declaración de Aguirre como testigo. Tras su comparecencia ante el tribunal, Aguirre ha comentado en declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional que la exministra de Justicia Dolores Delgado dio la orden de que se imputara a De Prada por algo por lo que el que fuera juez instructor José de la Mata dijo que no se había llevado un duro, ha asegurado.
Durante su declaración en el juicio, Aguirre ha reiterado que este proyecto contaba con muchos apoyos en el mundo de la Justicia, ya que se consideraba necesaria la agrupación de las sedes judiciales que ocupaban edificios en la ciudad de Madrid, a excepción del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, tal y como ya se había hecho en otras ciudades como Valencia o Barcelona. Sobre el presupuesto con que se contaba, Aguirre ha explicado que, cuando se concibió el proyecto, «pensamos que era imposible» hasta que se obtuvo una cesión de terreno gratuita en Valdebebas con una extensión de «varios campos de fútbol» con posibilidad de alojar varios edificios que se unirían a través de túneles subterráneos, infraestructura esta última que ha señalado que también se construyó.
«Fue a 'grosso modo', nunca hicimos una cuenta», ha admitido Aguirre a preguntas de la presidenta del tribunal, a la que ha vuelto ha relatar que el presupuesto se basó en el dinero que se obtendría de las subastas de los edificios de las sedes judiciales que se trasladarían al Campus, ya que en una primera que se hizo sacaron más del doble. «Pensamos que ancha es Castilla, esto no nos va a costar, pero nos costó».
Por otra parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que no hay «la menor duda» de que la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está sufriendo una persecución por la investigación fiscal abierta hacia su pareja por supuesto fraude a Hacienda. La expresidenta de la Comunidad ha sido preguntada por la inspección fiscal que ha derivado en una denuncia de la Fiscalía en los juzgados contra la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y otras cuatro personas por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021.
En diversas ocasiones ha subrayado Aguirre que es el juez quien decide si se ha cometido un delito y no la Agencia Tributaria o la Fiscalía, y ha opinado que la pareja de Díaz Ayuso ha tenido «un pésimo abogado», al considerar que ella, que también es letrada, nunca hubiese reconocido por escrito la comisión de delitos en el pacto de conformidad que ofreció la defensa de González Amador a la Fiscalía.
Aguirre ha precisado que, para llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria, es necesario reconocer los delitos, pero ha indicado a su vez que el hecho de que el abogado lo haya incluido en su escrito «no quiere decir» que su cliente los haya cometido, porque «los delitos los decide el juez». «No le quepa la menor duda», ha afirmado a la pregunta de si la actual presidenta madrileña está sufriendo «algún tipo de persecución» por este caso, y ha ironizado con la necesidad de que «los que tienen novio» pregunten «qué tal se llevan con Hacienda». «El amor es libre», ha zanjado la expresidenta.