El Gobierno de España ha puesto en marcha las tarjetas monedero para familias en condiciones extremas de vulnerabilidad con menores a su cargo y las ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para empezar a repartirlas.
Esta medida se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para luchar contra la privación material a través del Programa «Básico». Bajo este criterio, se estima que unas 70.000 familias van a recibir estas tarjetas con las que podrán hacer compras mensuales de alimentos y productos de primera necesidad.
Con este objetivo, y una vez que el Gobierno de España ha habilitado ya las tarjetas monedero, son ahora los gobiernos autonómicos los que, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de identificar, valorar y derivar a las personas potenciales beneficiarias de este sistema, para poderles hacer llegar las tarjetas.
Las personas beneficiarias podrán acceder de manera directa a alimentos frescos y a alimentación infantil, así como a productos básicos de higiene --incluidos los de higiene femenina--, algo que supone una mejora respecto al tipo de productos al que optan a través del reparto tradicional de alimentos.
Sobre este punto, el Gobierno de España señala también que el sistema de tarjetas monedero va a complementar y reforzar los recursos que ya existen, como los ofrecidos por los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas o los Bancos de Alimentos, que continuarán recibiendo el resto de fondos públicos destinados a estos objetivos.
Este cambio de modelo para la aplicación del FSE+ fue aprobado de manera unánime por todas las comunidades autónomas en un Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebró en 2021. En ese Consejo se estableció que el sistema de tarjetas monedero debía comenzar en 2024, año en el que finalizaba el antiguo Programa FEAD.
Por esa razón, el pasado 23 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para que este modelo arrancase este año. Se fijó como fecha de inicio este mes de abril, cuando concluye la última partida del FSE+ asignada al reparto tradicional de alimentos. A partir del 1 de enero de 2025 serán las Comunidades Autónomas quienes gestionen el nuevo modelo en solitario.
De este modo, la Administración General del Estado da más tiempo a los gobiernos autonómicos para implementar este operativo, ya que la gestión de los servicios sociales es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Mientras, el Gobierno de España se ha encargado de posibilitar que las tarjetas monedero estén ya a disposición de los gobiernos autonómicos.
Esta puesta en marcha se ha llevado a cabo a través de Cruz Roja Española, entidad con la que se colabora, según estableció el Real Decreto, por tener experiencia previa en iniciativas similares, implementación en todo el territorio nacional y amplia trayectoria en el trabajo con servicios sociales y familias vulnerables.
Bajo esta premisa, y para administrar las tarjetas monedero, Cruz Roja Española ha hecho una licitación pública a la que han accedido siete cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.
Las tarjetas monedero, por tanto, podrán usarse en estos supermercados ya que todos ellos cumplen los requisitos fijados por el Real Decreto y por el Programa Básico. Uno de estos requisitos es que estos establecimientos dispongan de un sistema que permita facilitar las tarjetas y excluir productos no elegibles en caja, ya que el tipo de productos al que se puede acceder incluye únicamente los considerados de primera necesidad, tal y como señala el programa europeo. Por ejemplo, con estas tarjetas no se podrán comprar alimentos ultraprocesados o bebidas alcohólicas.
Por otro lado, las tarjetas monedero cumplen también con el propósito de ofrecer una mayor cuantía económica a las familias beneficiarias en comparación con el anterior modelo. De este modo, y en base al número de miembros que formen la unidad familiar, las tarjetas monedero tendrán una dotación económica de entre 130 y 220 euros mensuales.
Además, este nuevo sistema cumple con otro objetivo como es «evitar la estigmatización social que sufren a menudo las familias más vulnerables, aplicando para ello un mecanismo que ya funciona con éxito en otros países europeos», según han explicado fuentes del ejecutivo.