Podemos ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, exigiendo que no se retiren del Diario de Sesiones los ataques a periodistas que ha vertido su secretaria general, la exministra Ione Belarra, en la sesión plenaria de este jueves. En concreto, Belarra ha tachado de «periodista corrupto» a Antonio García Ferreras, de La Sexta, y ha acusado a Ana Rosa Quintana (Telecinco), Pablo Motos y Susanna Griso (Antena 3) de «mentir cada día» desde la televisión.
Su intervención no motivó ninguna llamada de atención desde la Presidencia y fue el PP quien exigió a Armengol que llamara al orden a la exministra, ante lo cual la presidenta reiteró que revisarán todas las palabras ofensivas del Pleno y decidirán lo que se retira del Diario de sesiones. Y ahora los 'morados' han enviado una carta a Armengol para que mantenga las palabras de corrupto y de mentirosos porque «no afectan en modo alguno al decoro ni a la cortesía parlamentaria». El partido fundado por Pablo Iglesias, que ahora dirige un medio de comunicación digital, sostiene que «es obligación de los representantes públicos defender el derecho fundamental a una información veraz».
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha reiterado este miércoles su «frontal oposición» a los señalamientos e insultos contra periodistas que se vienen registrando desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos. En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación tacha de «intolerable» que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acuse a periodistas como Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Susanna Griso o Antonio García Ferreras de que 'los intereses económicos y políticos' estén detrás de 'las mentiras que vierten', porque la dirigente política «considere que las informaciones que difunden son críticas hacia su formación».
Asimismo, la asociación ha defendido que las palabras de Ione Belarra en el sentido de que 'hay que atar corto' a los que califica de 'periodistas corruptos' «no tienen cabida en una sociedad democrática». «La sociedad española cuenta con suficientes medios para actuar cuando haya indicios de que se producen casos de corrupción, sin necesidad de atentar contra la libertad de expresión», ha subrayado. Finalmente, la APM ha advertido de que «el afán por controlar los medios de comunicación es propio de partidos con un escaso respeto por el derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución española».