La importancia de la Unión Europea en nuestras vidas no es solo una mera cuestión estética. Las leyes españolas contienen un importante componente jurídico y legal que emana directamente de la legislación comunitaria. En este sentido, lo que deparen los resultados en las urnas el próximo 9 de junio y la nueva configuración del poder político en el seno del Parlamento europeo determinarán el rumbo de los nuevos proyectos a adoptar.
Gran parte de las leyes que se discuten en el Congreso de los Diputados y el Senado trasladan disposiciones que, en primer término, han sido impulsadas por parte de las instituciones europeas. Los entendidos ponen cifra y estipulan que un 33 por ciento de las nuevas iniciativas legislativas de los últimos años eran simplemente incorporaciones del derecho europeo al ordenamiento jurídico nacional. En términos generales se acepta que leyes, leyes marco europeas y los reglamentos europeos que las explicitan y desarrollan sobre el terreno constituyen normas de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembro.
El Parlamento europeo se ocupa de ámbitos que afectan desde a las grandes empresas, hasta la mediana y pequeña empresa o las familias a través de ejes centrales de la vida pública como el medio ambiente, la seguridad, la migración, las políticas sociales, los derechos de los consumidores, la economía, el Estado de Derecho entre otras. Además, los temas nacionales importantes tienen también una dimensión europea.
Dicho de otro modo, la ley europea prevalece por encima de la ley nacional porque aborda materias concretas y precisas en las cuales el Estado español ha cedido voluntariamente la soberanía a la Unión Europea (UE). Eso es precisamente lo que reivindican aquellos tildados de euroescépticos: una recuperación de la soberanía nacional, en este caso en detrimento de la cooperación y coordinación europeas que desempeñan los organismos comunitarios. Por si hubiera dudas, España es aun parte del club que ingresa más de lo que aporta a la UE, fondos europeos Next Generation a parte: en 2022 el saldo financiero para nuestro país fue positivo, al recibir 454,4 millones de euros más respecto a las partidas destinadas a la bolsa común.
Los llamamientos a un posible cambio de rumbo de las políticas que se discuten en el seno del Parlamento europeo tendrían en caso de confirmarse un efecto explícito en la actividad legislativa española. No en balde la mitad de las iniciativas legislativas aprobadas en los últimos años estaban relacionadas con la Unión Europea. Los retos por delante no son menudos. La reforma de la política agraria común que hace proliferar el descontento de la cadena productiva, el desarrollo de legislación que trate de poner puertas al campo de la inteligencia artificial (IA) y todos los retos que ello propone, o la inversión en defensa en un mundo que recrudece sus choques bélicos y estratégicos pueden ser algunos de los ejes que configuren la actividad de la próxima Eurocámara.