A seis meses de que termine el plazo para la puesta en marcha de los centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencias sexuales financiados por los fondos europeos, solo siete de las 52 provincias y ciudades autónomas cuentan con uno ya en funcionamiento, lo que supone un 13 % del total. El Ministerio de Igualdad ha informado de que estos centros de crisis ya están operativos en Santander, Bilbao, Vitoria, Murcia, Pamplona, Albacete y Melilla.
Madrid y Asturias ya contaban con sendos centros cuando se acordó la implantación territorial de este servicio de atención a las víctimas en todos los territorios, recogida en la ley del sólo sí es sí. Mientras Madrid ultima un segundo centro con los fondos europeos, Asturias utilizará esta financiación para cambiar la ubicación del ya existente y ampliar sus servicios.
A lo largo del verano se pondrán en marcha centros de atención integral en Madrid, San Sebastián, Teruel, Huesca, Toledo, Guadalajara, Alicante, Valencia, A Coruña (dos centros), Lugo, Ourense y Pontevedra.
En el último trimestre del año, según el departamento de Ana Redondo, abrirán sus puertas otras unidades también en Cuenca, Ciudad Real, Zaragoza, Castellón, Logroño, las nueve capitales de provincia de Castilla y León, las cuatro de Cataluña, las ocho de Andalucía, Mallorca y Menorca, Oviedo, Santa Cruz y Gran Canaria, Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Ceuta.
Las comunidades autónomas, que tienen las competencias de estos servicios de atención ante violencias sexuales, recibieron las primeras transferencias del Ministerio de Igualdad para su puesta en marcha en el año 2021. La ley de garantía integral de la libertad sexual establece la existencia de estos centros para el «apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno», de forma telefónica y presencial, las 24 horas del día y los 365 días del año.
Su financiación ha procedido de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, pero la puesta en marcha de este servicio se ha ido dilatando en el tiempo. En un primer momento, se proyectaron para 2023, pero España tuvo que solicitar a la UE una adenda al Plan de Recuperación para retrasar su activación hasta el último día de 2024.
Fueron las comunidades autónomas las que solicitaron retrasar la fecha límite. El incumplimiento del plazo implicaría que se truncara el proyecto y la devolución de todo el componente 22 de los fondos europeos.
Los retrasos, según informó Igualdad cuando se amplió la fecha límite el año pasado, no tenían que ver con «falta de voluntad política»; el contexto de inflación y de la guerra de Ucrania había tenido un impacto en suministros y transportes.