Patricia Ramírez, la madre del Gabriel Cruz, asesinado en febrero de 2018, ha desvelado este martes que la productora que había contactado con la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, no hará el documental que tenía previsto realizar Netflix sobre el caso.
Lo ha dicho en su intervención en la Comisión de Interior del Senado, donde ha comparecido después de solicitarlo ella misma y donde ha pedido un pacto de Estado que proteja a las víctimas de delitos especialmente violentos para evitar su revictimización. Que las proteja también de lo que ha denominado «violencia mediática», ha recalcado Ramírez en una larga intervención, a veces muy emocionada y aplaudida por los senadores, que han recogido el guante de su demanda.
Ha explicado que este mismo lunes se reunió con la productora y que esta se comprometió a no realizar el «true crime», si bien espera la confirmación de los abogados y ha precisado que, de todos modos, no sabe si alguna otra plataforma puede estar haciendo algún documental o tiene previsto hacerlo. Según le comentó la productora con la que habló, la asesina de Gabriel lleva tres años solicitando a Instituciones Penitenciarias permisos para poder grabar un documental.
Una comparecencia inédita Fue en mayo cuando Patricia Ramírez se dirigió a la comisión de Interior del Senado para pedir comparecer, algo «inédito» e «inusual», como ha subrayado el presidente de la misma, Fernando Martínez Maíllo, quien ha asegurado que ningún senador se opuso, algo también «inédito». Con una caja de «pececillos» para repartir entre sus señorías en recuerdo de cómo llamaba a su hijo y con una foto enmarcada de Gabriel, que ha colocado en la mesa de la presidencia de la Comisión desde donde ha comparecido, Ramírez ha explicado el motivo de su presencia en la Cámara Alta. Y no es otro que haberse enterado, por «fuentes», que la asesina de su hijo, condenada a prisión permanente revisable, podría estar participando en un documental.
Ramírez ha dejado claro que si le hubiera informado de todo ello, como le asiste el derecho que tiene como víctima, no hubiera tenido que acudir al Senado, donde ha hecho un relato pormenorizado de lo que ha ocurrido y de los pasos que ha ido dando acogiéndose al Estatuto de las Víctimas. Ha señalado que, según reconoce un escrito de la dirección de la prisión de Brieva (Ávila) remitido a la Justicia y que Ramírez ha leído, Quezada justificaba su petición de participar en el documental en la necesidad de obtener ingresos para pagar la responsabilidad civil de su condena y para mandar dinero a su familia en la República Dominicana.
La prisión denegó a Quezada el permiso, ha añadido la madre de Gabriel, después de reiterar su denuncia por las «irregularidades» que, según sus fuentes, se han cometido en este caso, como que la reclusa contara con un teléfono móvil para participar en el documental con la «complicidad de algunos funcionarios» de la cárcel. Ramírez ha añadido que Quezada también argumentó que quería participar en el documental porque tenía «necesidad» de explicarse y contar la realidad de los hechos. «Como si no lo hubiera contado al juez de instrucción y en el juicio», ha ironizado la compareciente. Al parecer, el 14 de mayo Quezada había quedado con el abogado para revisar el contrato a firmar con la productora y el dinero a percibir, ha subrayado la madre de Gabriel.
«Si esa mujer tiene derechos, nosotros también, con la diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie. Sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros», ha zanjado Ramírez. Nuevas denuncias Ramírez ha anunciado que está preparando querellas (en espera de que pueda contar con procurador por la justicia gratuita) contra la productora, contra Ana Julia Quezada y, de forma subsidiaria, contra Instituciones Penitenciarias. Y mañana tiene previsto denunciar ante la Guarda Civil «una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Brieva», que no ha querido revelar.
Un pacto de estado Ramírez ha solicitado un pacto de Estado, similar al que se suscribió contra la violencia de género, para evitar la doble revictimización. Tras valorar este acuerdo y su resultados, Ramírez ha lanzado un mensaje: «Pregunten a esas mujeres (las víctimas e la violencia machista) si permitiría que sus agresores cobraran desde la cárcel para contar sus casos». Entre las medidas, Ramírez ha propuesto que los condenados por delitos de especial gravedad «no puedan jamás hacer un documental, una serie televisiva o un libro», así como controlar las comunicaciones de los presos si resultan dañinas para las víctimas.