El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando dos bloques que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés -parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea-.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado responde así al escrito presentado por la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, que solicitó la semana pasada que aclarara qué hechos conforman la causa después de que haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es.
Peinado señala que en la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso de Fiscalía en el que pedía archivar el caso no se tiene por qué entender que rechaza que se siga investigando por ejemplo lo que tiene relación con una posible intervención de Gómez en el rescate de Globalia. «Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación, no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que, se haga referencia a esos contratos, como indicativos de claros indicios», apunta el juez. Con esta decisión, el juez apuntala de alguna forma la declaración como investigada de Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio.
Independientemente de lo que dictamine la Justicia, recomendar a amigos que la han favorecido a ella para que les adjudiquen contratos públicos desde la Administración que dirige su marido, no es ético ni estético, conculca el principio de igualdad y habría provocado la dimisión inmediata del presidente de cualquier otro país europeo.