El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne este lunes con las asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica para transmitirles el apoyo del Gobierno y darles cuenta de cómo avanzan los trabajos con esta institución para concertar un sistema de reparación justo.
Entre los asistentes se encuentran asociaciones como Infancia Robada, Justice Initiative España o la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, a quienes el Ejecutivo quiere mostrarles su disposición para «avanzar hacia un sistema de reparación creíble y eficaz».
Esta reunión tendrá lugar un día antes de la fecha en la que la Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene previsto aprobar, en una Asamblea Plenaria extraordinaria, el Plan de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia, que contempla un «apoyo económico» para las víctimas en los casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido.
Este plan se circunscribe únicamente a los casos en los que no es posible seguir con la vía judicial pero sí que existe «una obligación moral», según anunció el pasado jueves el secretario general de la CEE, César García Magán, quien aseguró, sin dar más detalles, que «habrá reparación económica para las víctimas que así lo soliciten».
El sistema, que recoge recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y también de la auditoría encargada por la Iglesia al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo no incluye, sin embargo, una cifra oficial de víctimas.
«Nosotros hemos dicho siempre que no vamos a ponernos a discutir cifra arriba o cifra abajo porque creo que lo importante son las víctimas y darles una respuesta individual y personal», defendió García Magán.
En una carta enviada el pasado viernes al presidente de la CEE, Luis Argüello, Bolaños consideró que un «esquema unilateral» por parte de la Iglesia para la compensación de las víctimas de abusos sexuales tendría efectos perjudiciales.
En la misiva, que fue remitida en respuesta a la enviada por Argüello para mantener una reunión a partir del 10 de julio, Bolaños lamentó que la comunicación se produzca solo después de que la Iglesia «haya tomado decisiones por su cuenta».
Por su parte, García Magán defiende que hay «líneas paralelas» entre el plan del Gobierno y lo que ellos proponen. «Más que excluyente, yo hablaría de una coordinación entre ambos planes», señaló.
El pasado junio, asociaciones de víctimas se mostraron decepcionadas con la Conferencia Episcopal, a la que acusaron de no estar haciendo lo suficiente para reparar a las víctimas, y advirtieron de que una indemnización nunca puede ser considerada como una limosna.
En una carta, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación Víctimas de Navarra (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris) denunciaron que la CEE no ha contado con las víctimas para el desarrollo de su plan de reparación y lamentaron que lo realizado hasta ahora es «terriblemente insuficiente y »ofrece un carácter minimalista, cuando no de absoluta nulidad".
También criticaron la reacción de la Iglesia al plan de Gobierno para reparar a las víctimas. «Es del todo improcedente que Argüello invite a los poderes públicos a ocuparse de las víctimas de todos los ámbitos de la sociedad, en lo que consideramos no solo una absurda excusa cogida por muy frágiles hilos, sino también una falta de respeto, una más, a todas las víctimas y supervivientes», señalaron.