El deshielo entre el PP y el PSOE llegó con el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años con el mandato caducado. Tras ello, ambos partidos compartían la intención de seguir renovando más órganos, entre ellos, el Banco de España. Pero cuando ya reconocían contactos informales para pactar el nombramiento de los cargos de gobernador y subgobernador, lo que veían posible incluso antes de que terminase julio, el Gobierno hizo saltar por los aires las buenas voluntades al proponer a un ministro actual, José Luis Escrivá, al frente del organismo, lo que acarreaba un veto seguro por parte del PP, cuyos postulados insisten en despolitizar todas las instituciones. Mientras que desde Moncloa aseguran que, por el momento, no tienen pensado retirar al perfil propuesto, el PP no se explica bien lo sucedido, que vinculan o con un "ajuste de cuentas" interno o a una forma de provocar a su partido. De momento, ni el Banco de España ni otros organismos clave acometerán la renovación pendiente.
El órdago del Gobierno se produjo en un momento clave. El mismo día en el que Vox rompió con el PP en las autonomías donde gobernaban juntos, lo que daba aire a los populares en cuanto al principal argumento de oposición contra ellos, el acercamiento y cogobierno a la ultraderecha. El nombre de Escrivá se filtró y el PP no tardó mucho en vetarlo. Sánchez salió a defender la propuesta realizada, al ensalzar la experiencia acreditada en "materia de política monetaria" de Escrivá y recordar que la tradición en otros países es nombrar a exministros como gobernadores de sus bancos centrales. Fuentes de Moncloa insisten al respecto y aseguran que, de momento, no prevén retirar en nombre de Escrivá de la mesa de negociación con el PP.
"La gente competente es la que queremos", señalan desde el Gobierno, que critica que los populares "descarten" a un perfil "independiente" como Escrivá por su trayectoria profesional en el Consejo de Ministros. Por su parte, los populares se mantienen a la espera de que el PSOE les ofrezca un candidato creíble. Y es que la principal exigencia que puso el PP sobre la mesa para renovar el Banco de España fue que respondiera a un perfil técnico, respondiendo así al mismo criterio que pactaron ambas formaciones en el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
Una vez que el PP mantiene su postura de priorizar los perfiles técnicos a los políticos, hacen dos lecturas distintas a la propuesta del PSOE. Por un lado, que los socialistas les ofrezcan a un ministro, es decir, a un político podría ser para "provocar" al PP, sostienen fuentes del PP que recuerdan que este fue el punto más controvertido en la renovación del anterior órgano.
Por otro lado, que el PSOE haya valorado al ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España no es mas que un asunto interno de los socialistas. En Génova creen que el PSOE busca o bien "sacárselo de encima" enviándole a este nuevo puesto o bien "quemarle de cara a la opinión pública" sabiendo que el PP no aceptaría. En definitiva, "un ajuste de cuentas" interno. Con todo, los populares muestran sosiego ya que, insisten, no les mueven el calendario sino que prefieren "buenos perfiles a un pacto rápido".
La negociación se sitúa en un punto muerto mientras los socialistas insistan en mantener el nombre de Escrivá. Con todo, sí piden el apoyo del PP para sacar adelante otras cuestiones. Primero la reforma de la ley de extranjería para reubicar a los menores migrantes que llegan solos a territorios como Canarias. La toma en consideración de la proposición de ley que registraron el PSOE, Sumar y CC se votará este martes en el Congreso, aunque el Gobierno también ofrece al PP sacarla por decreto ley desde el Consejo de Ministros para acelerar los trámites y que a los 30 días sus votos se vuelvan imprescindibles para convalidarla en las Cortes.
También requieren del apoyo popular para sacar adelante el plan antibulos de Sánchez, que el Ejecutivo de coalición quiere negociar con todos los grupos menos con Vox.
El Banco de España es uno de los órganos cuya renovación parecía más próxima tras el pacto del Consejo General de Poder Judicial, que los socios de Sánchez le siguen echando en cara. Pero tanto el PP como el PSOE reconocían como pendientes las renovaciones de la Junta Electoral Central (JEC) —una negociación de la que el PP había excluido a Vox antes de la ruptura autonómica—, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —a la que los socialistas quieren dar más poder para sancionar a los medios—, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
No ha trascendido nada más de estas conversaciones. Con todo, socios del Gobierno como Junts, ERC, Podemos o Bildu reprueban los acercamientos al PP cada vez que tienen una mínima oportunidad para hacerlo, mientras le piden volver a la mayoría de investidura. Los socialistas parecen haberlas puesto en pausa también coincidiendo con un momento en el que ya no servirían para tensar al tándem PP-Vox.