Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la gran mayoría de España, han expresado su rechado el acuerdo que han alcanzado el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Aunque aún no han trascendido todos los detallas, los independentistas han asegurado que los socialistas le han cedido la recaudación en Cataluña y han precisado que se trata de un acuerdo únicamente de investidura.
Esto cambia totalmente el sistema de financiación de España, tal y como se conoce hasta la fecha, ya que la comunidad catalana es una de las que más recauda. Esta cesión suponía una línea roja, que hasta ahora nunca se había traspasado, y ha indignado a las regiones gobernadas en el PP, así como al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que tiene previsto realizar este miércoles una declaración institucional. El socialista ha calificado en las redes sociales el «concierto económico solidario» de «grave atentado a la igualdad».
Ofensiva del PP
En cuanto a la ofensiva del PP, la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha explicado que el gobierno valenciano recurrirá ante el Tribunal Constitucional «si sigue adelante» el acuerdo que ha divulgado ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña y que supondría gestionar el 100 % de los impuestos que se recaudan en la región. «Estamos ante un auténtico golpe de estado fiscal, bendecido, auspiciado y propiciado por (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez, que revienta así la Constitución para mantener los sillones y que cuenta además con la cooperación necesaria del PSPV», ha denunciado la consellera en una rueda de prensa convocada para valorar el acuerdo alcanzado en Cataluña, que a su juicio «supone la independencia fiscal de Cataluña». Merino ha asegurado que el Consell llegará «hasta donde haga falta, con todos los medios jurídicos y políticos que estén a nuestro alcance», cuando tenga «más datos sobre el acuerdo». «Estamos convencidos de que este acuerdo, si finalmente es lo que parece y lo que han anunciado, es inconstitucional. Por lo tanto, si siguen adelante con él, por supuesto, tomaremos el camino jurídico correspondiente para recurrir al Constitucional», ha avanzado.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes una «batalla judicial sin precedentes» si se materializa el acuerdo para la investidura de Illa y ha acusado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «saltarse la Constitución Española» y «pisotear la igualdad de los españoles».
Baleares también ha asegurado que hará una oposición frontal. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha argumentado que tendrá consecuencias negativas en la financiación de Baleares. «Sánchez ha vendido a las comunidades autónomas para comprar la investidura de Illa», ha dicho en relación al acuerdo que, según Costa, rompe la unidad fiscal de España.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado su rechazo al preacuerdo y ha advertido que Galicia no va a «tolerar» ni a «permitir» que se «rompa la igualdad», dado que es una cuestión que, bajo su punto de vista, «no se puede normalizar». En esta coyuntura, un día después de que el Ejecutivo gallego acordase acudir a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, Rueda ha remarcado que, después de trascender este acuerdo, ve «más urgente todavía» que se celebre esta cita entre los mandatarios autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En la misma línea, el presidente de Murcia, Fernando López Miras ha advertido que, si se confirma el acuerdo económico entre PSC y ERC que «afecta a todos», Murcia va a utilizar «todas las herramientas» que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas. No en vano, ha calificado el acuerdo como «gravísimo» porque aunque es un acuerdo entre el PSC y ERC lo «asume el gobierno de todos los españoles», es decir, afecta a todo el país. «Un acuerdo cuyo eje es la financiación y el régimen fiscal de todos los españoles lo están decidiendo en Cataluña los independentistas catalanes y los socialistas catalanes», ha criticado López Miras, quien ve como único objetivo «que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno».
Juanma Moreno ha manifestado que Andalucía «debe responder y va a responder» en defensa de sus intereses ante el «ataque frontal» que supone el pacto en Cataluña y su nueva portavoz, Carolina España, lo ha tildado de «claramente inconstitucional», aunque ha emplazado a conocer el texto en detalle antes de pronunciarse sobre un posible recurso en los tribunales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito en X que Sánchez «rompe la caja común de los españoles» y ha añadido: «No nos quedaremos quietos», mientras el portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García, ha criticado «la financiación a la carta» e «ilegal» para Cataluña y ha garantizado que no se quedarán «de brazos cruzados». La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que no consentirá que Salvador Illa sea investido presidente a costa de las «oportunidades y derechos» de los cántabros y el jefe del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, ha urgido a Pedro Sánchez a que convoque mañana mismo a los presidentes autonómicos.
Oposición de otros socialistas
Cabe precisar que Page no es el único socialista que se opone a ceder la recaudación a Cataluña, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido que el preacuerdo entre el PSC y ERC no puede quebrar el principio de solidaridad porque ello supondría «fallar al conjunto de los españoles» y, por tanto, se posicionaría «radicalmente en contra». «Si quiebra el principio de igualdad, estaremos hablando de algo que no es otra cosa que fallar al conjunto de los españoles», ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre un preacuerdo sobre el que, en cualquier caso, ha reconocido que aún no tiene una opinión sobre el mismo porque «todavía» no se conocen los detalles del mismo y ha abundado en que, cuando los tenga, podrá valorarlo «en su justa medida».
Además, el secretario general de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, ha opinado en X que supone «una quiebra brutal» de la igualdad entre todos los españoles.