La Abogacía General del Estado ha presentado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Pedro Sánchez, una querella por prevaricación contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, y «en defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno de España».
Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a declarar ante el magistrado en La Moncloa, donde ha sido citado a raíz de la causa que investiga un posible delito de tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez.
La querella ha sido presentada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de prevaricación judicial, de conformidad con el artículo 277 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En el escrito, en el que la Abogacía solicita que se practiquen diversas diligencias, se subraya que la querella no supone un ataque al poder judicial, sino «el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente» dirigida en este caso al «máximo representante de otro de los poderes estatales», lo que «parece explicar el injusto proceder del Magistrado».
Y añade que hay «múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración» practicada este martes «contraviene la normativa» y despoja a la Presidencia del Ejecutivo «de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882» y sin «explicación alternativa».
EN PEPÊT GONELLAOtro que se mete en el lío sin que la música vaya con él. El derecho a expresarse libremente es una garantía fundamental de las personas salvaguardada tanto por el derecho internacional como por muchas constituciones nacionales. Sin embargo, es importante señalar que este derecho tiene sus límites, tal y como hemos visto anteriormente, y puede restringirse en determinadas circunstancias. El insulto es un ejemplo de ello, ya que ciertas formas de expresión pueden calificarse de ofensivas y tener implicaciones legales. No se debe confundir la crítica con el insulto, puesto que, el primero si entra dentro de los límites de la libertad de expresión, pero el segundo no.