El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su presunta implicación en el caso Koldo. El juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, ha apreciado indicios de hasta cuatro delitos en la actuación de Ábalos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
La petición del suplicatorio es un paso necesario para poder investigar a Ábalos, dado que actualmente es diputado en el Congreso y goza de aforamiento. Si la Cámara Baja concede el suplicatorio, el exministro podrá ser llamado a declarar como investigado en el marco de las pesquisas judiciales sobre el caso Koldo.
Según fuentes jurídicas consultadas, los indicios apreciados por el juez Puente se basan en las evidencias recabadas hasta ahora en la investigación del caso Koldo. Este proceso judicial indaga en una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados varios cargos públicos y empresarios.
El caso Koldo
El caso Koldo salió a la luz el pasado año, cuando se destaparon las primeras informaciones sobre una supuesta red de influencias y sobornos que habría operado en distintas administraciones públicas. José Luis Ábalos es un político español del PSOE, partido en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera.
Entre 2018 y 2021 ocupó el cargo de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el gobierno de Pedro Sánchez. Previamente, había sido Secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021. Ábalos está considerado uno de los principales colaboradores de Pedro Sánchez en su ascenso al liderazgo del PSOE y al Gobierno de España. Sin embargo, en julio de 2021 fue relevado de su cargo en el ministerio de Transportes en una remodelación del gobierno. Desde entonces, ejerce como diputado del PSOE en el Congreso por la circunscripción de Valencia.
¿Qué es un suplicatorio parlamentario y qué consecuencias acarrea?
El suplicatorio es una autorización que debe conceder el Congreso de los Diputados (o el Senado, en su caso) para poder investigar o juzgar a uno de sus miembros. Es una figura legal derivada del aforamiento parlamentario, que protege a los diputados y senadores frente a acciones judiciales.
Según el juez del Supremo Leopoldo Puente, existen indicios de que Ábalos podría haber incurrido en cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. No obstante, la imputación formal de estos delitos dependerá del desarrollo de la investigación judicial. Si el Congreso concede el suplicatorio, Ábalos perderá su condición de aforado y podrá ser investigado y, en su caso, juzgado por el Tribunal Supremo. Esto podría suponer un duro revés para su carrera política, especialmente si el proceso judicial termina en una imputación formal o una condena. En cualquier caso, Ábalos tendrá derecho a defenderse y presentar pruebas en su descargo.