El Partido Popular presentará mociones en los próximos plenos de todos los ayuntamientos, diputaciones, consells, juntas generales y cabildos para exigir la retirada inmediata del nuevo registro de viajeros, que los populares lo denominan «Gran Hermano Turístico». El lunes día 2 de diciembre entró en vigor la aplicación del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores.
Ahora, el PP llevará la derogación de esta normativa en los plenos durante lo que queda del mes de diciembre y el próximo mes de enero, a la vez que pide la elaboración de «forma consensuada» con el sector y los distintos operadores de una nueva legislación que garantice la competitividad, según destaca en un comunicado este domingo el partido.
La moción denuncia la «inseguridad jurídica» que provoca esta nueva normativa, así como «la desproporcionada carga administrativa que comprende, la desventaja competitiva para España, la inadecuación de la tecnología diseñada y la vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios». Un «Gran Hermano Turístico» que «lastra de forma severa uno de los sectores capitales para la economía española como es el turístico».
El PP indica que el Gobierno ha aprobado el RDL 933/2021 «contra la opinión y los intereses del sector y engañando a sus representantes» y denuncia que no ha tenido en cuenta las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España.
"FUERTE INSEGURIDAD JURÍDICA"
El PP entiende que esta ley provoca, textualmente, una fuerte inseguridad jurídica e ignora la complejidad operativa de recopilar tanta carga de datos, incluso antes de la prestación del servicio, lo que de hecho hace que sea casi de imposible cumplimiento. Esta situación provoca una desventaja competitiva respecto del mercado europeo, ya que se imponen obligaciones a las empresas que las legislaciones nacionales de otros Estados europeos no imponen.