La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un informe al Tribunal Supremo en el que certifica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él.
Ese cambio de terminal se produjo, además, una semana antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal general para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, una diligencia que tuvo lugar el 30 de octubre.
En un informe, al que ha tenido acceso EFE, los agentes analizan los dos números de teléfono y los IMSI/IMEI (identificadores) asociados de las tarjetas del dispositivo telefónico intervenido a García Ortiz.
Al respecto, explica que se han encontrado dos números de teléfono, uno del que recibe mensajes de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y otro a nombre de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Concluyen que «el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha del 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico ese día respecto a las tarjetas precitadas».
La Guardia Civil dijo que había hallado «0 mensajes» en el móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso.
La Fiscalía argumentó que una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.
Fuentes fiscales recuerdan que una instrucción aconseja la «destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso» y la «limitación del plazo de conservación» de datos personales «durante el tiempo estrictamente necesario».
Es la primera vez que en España hay un Fiscal General del Estado delincuente. Se entiende, es del PSOE.