La defensa de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha pedido al Tribunal Supremo que reclame todos los correos intercambiados por los abogados de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- con la Fiscalía Provincial de Madrid y con la Abogacía del Estado.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, aportado a la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la propia Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso.
La defensa señala que el pasado 27 de mayo Carlos Neira, el abogado que envió un correo electrónico a Fiscalía ofreciendo que su cliente -González Amador- reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con el Ministerio Público, manifestó en su declaración como testigo que además de los 'emails' conocidos existen más correos entre los letrados del novio de Díaz Ayuso y fiscales de la sección de delitos económicos de Madrid.
Dichos correos serían de «tanto antes como después del 14 de marzo de 2024», fecha en la que la Fiscalía emite la nota de prensa para desmontar el «bulo» de 'El Mundo', que decía que había sido el Ministerio Público -y no la defensa- quien había propuesto el pacto. Rodríguez -ahora representada por el letrado Daniel Campos- considera que su petición es útil para «conocer si la publicación tanto del correo de 12 de marzo de 2024 como el de febrero de 2024 han tenido algún tipo de consecuencia negativa en la negociación de conformidad entre la defensa de González Amador con el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado».
En este sentido, pide al magistrado Ángel Hurtado que reclame a la decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y la jefa de la sección penal de la Abogacía del Estado para que aporten a la causa «todos los correos electrónicos, comunicaciones de mensajería o escritos intercambiados por la Fiscalía o la Abogacía del Estado con los abogados de Alberto González Amador». Al hilo, considera que «una vez remitidos los citados correos, con carácter previo a su unión a la presente causa, procedería que se diera traslado la representación de González Amador a fin de que pudiera solicitar la exclusión o supresión de cualquier aspecto que pudiera colisionar con su derecho de defensa o por cualquier otra causa sea reservado».
Pilino, sa diferència no és aquesta: a sa investigació sobre una possible filtració per part de sa Fiscalia General de s'Estat se cercava es correus emesos pes Fiscal General, per si ell era s'origen de sa filtració, i va ser quan se va sabre que s'havien esborrat per protocol de seguretat. Ara se demanen es correus intercanviats (enviats i rebuts) per part des advocats de sa parella de n'Ayuso cap a sa Fiscalia de Madrid; tal vegada ara coneixerem que es advocats també tenen un protocol de seguretat i també els han esborrat, qui sap. Ses qüestions jurídiques no són fàcils de seguir fil per randa, pes qui som profans en sa matèria, però amb un poc de paciència, llegint bé ses notícies i, sobre tot, sense prejudicis i idees prefixades, se pot arribar a entendre.