El absentismo laboral derivado de contingencias comunes crecerá en torno al 10% en 2025, superando los 32.000 millones de euros y el número de procesos iniciados de estas bajas laborales crecerá más de un 6%, hasta los 9,2 millones, según ha indicado el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Juan Roca.
Así lo ha trasladado en la Asamblea General y Junta de Gobierno de AMAT a la que han asistido los presidentes de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor. En la misma, Roca ha afirmado que el diseño de propuestas que contribuyan a reducir estas cifras con carácter de urgencia se fijó como «prioridad empresarial. La reducción del número de procesos de baja de corta duración iniciados, el acortamiento de la duración innecesaria de las bajas y la eliminación de la bolsa de procesos con una duración superior a los 365 días, que ya superan los 210.000, casi cinco veces más que los existentes justo antes del inicio de la pandemia en 2020, resulta perentorio», ha expuesto.
Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, puso el acento en el perjuicio que estas bajas laborales están generando a la productividad y a la competitividad empresarial, «generan costes inasumibles que afectan directamente la competitividad de las empresas e impactan de forma negativa en su eficiencia, en su rentabilidad y en el propio clima laboral».
Asimismo, Garamendi ha insistido en que el absentismo es un «mal endémico» que deja «en la cuerda floja» a muchas empresas, especialmente a las pymes. Durante la Junta, el presidente de la CEOE hizo hincapié en que, aunque el problema de los accidentes y enfermedades no laborales no está en las empresas, sí pueden y deben contribuir a preservar y mejorar la salud de los trabajadores que lo necesiten, como ya hace en la mayoría de ellas. Junto a ello, insistió en que tampoco se puede criminalizar a los trabajadores, cuando la gran mayoría están sufriendo las consecuencias de las «ineficiencias» del sistema de gestión de estas prestaciones públicas.