Sumar, a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de información clasificada aprobado este martes por el Consejo de Ministros al considerar que debería establecer plazos «mucho más cortos» para desclasificar secretos y ha anunciado que presentará enmiendas al texto cuando llegue al Congreso.
Fuentes del grupo han explicado que Díaz ha planteado además que no se clasifique como reservada la información que pueda resultar relevante para la incoación de procesos judiciales en los que se persigan conductas que atenten contra la dignidad del ser humano. A su juicio, las sanciones que podrán aplicarse deberían ser menos elevadas, y los diputados que forman parte de la comisión de secretos en el congreso deben poder acceder a las diligencias y directivas, así como a las memorias justificativas de las propuestas de clasificación. En un comunicado, el líder de IU, Antonio Maillo, ha calificado la nueva norma de «buena noticia, pero insuficiente», en línea con el PNV, ERC, Bildu y BNG.
Al hilo el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el anteproyecto de ley de Secretos Oficiales que llevará el Gobierno al Congreso para su tramitación parlamentaria «no es una prioridad» de los españoles, que necesitan con más urgencia que se arregle «el problema de la vivienda», entre otros asuntos.
Preguntado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, sobre si están a favor de desclasificar documentos de la Transición y la dictadura de Francisco Franco, el 'número dos' del PP ha indicado que van a estudiarlo «pormenorizadamente», pero que en cualquier cosa no es algo que reclamen los ciudadanos. «Conocimos el texto ayer. Vamos a estudiarlo pormenorizadamente. Desde luego no es una prioridad de la sociedad española, se lo puedo asegurar», ha señalado, ironizando con que como no es del PSOE y puede «salir mucho a la calle» porque no le «increpan», nadie le ha hablado de esta ley. Lo que le dice la gente, según Tellado, es que hay que «arreglar el problema de la vivienda» y otros «muchos problemas en nuestro país».
«Pero desde luego por la Ley de Secretos Oficiales la gente no nos pregunta», ha zanjado el secretario general de los 'populares'. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de información clasificada en el que se establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podría hacer pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F si la norma se aprueba a finales de este año, «salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa».
Así lo explicó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que detalló que esta nueva ley viene a sustituir a la norma de secretos oficiales del franquismo, que se aprobó en 1968, y ahora se remitirá al Congreso para que inicie el trámite parlamentario.
Además del límite de los 45 años para desclasificar información calificada como alto secreto, también habrá la posibilidad de una prórroga de 15 años más y será el Consejo de Ministros el órgano que tendrá que decidir sobre este asunto. En el caso de la documentación de secreto, el límite para hacerla pública será de 35 años con prórroga de 10 años más. Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.