La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, entidad de ámbito nacional, ha denunciado públicamente la decisión de la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla y considera que se trata de «exclusión religiosa» alertando del avance del racismo institucional.
La moción, impulsada por el PP y Vox, «establece que las instalaciones deportivas no podrán acoger actividades ajenas al ámbito deportivo, salvo que sean promovidas directamente por el Ayuntamiento. Esta modificación afecta directamente a los más de 1.500 vecinos musulmanes del municipio, quienes tradicionalmente han celebrado sus rezos colectivos en dichos espacios».
Por ello, afirma que «lo que empieza con discursos de odio termina con agresiones físicas, amenazas y familias aterrorizadas» y lamenta que Jumilla «sea el espejo de lo que pasa cuando se tolera y blanquea el racismo».
Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 «se registraron más de 1.850 delitos de odio en España, siendo el racismo y la xenofobia las principales motivaciones», recuerda.
Así, deja claro que «esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de exclusión institucional que amenaza la convivencia democrática».
Desde la Asociación Marroquí recuerdan que esta decisión «vulnera gravemente el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad religiosa y de culto, así como la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y la Ley 26/1992, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España».
«Prohibir el uso de espacios públicos a una comunidad religiosa concreta, bajo pretextos ambiguos, es una forma encubierta de discriminación religiosa e islamofobia institucional», indica.
Rechaza «esta deriva antidemocrática» y exige al Gobierno de España, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las instituciones garantes de los derechos fundamentales que «actúen de inmediato ante esta violación de la legalidad vigente y del principio de igualdad, especialmente al considerar que esta medida puede constituir una forma de discriminación amparada por instituciones públicas, lo que está expresamente prohibido por nuestro marco legal».
España «no puede permitir que sus municipios se conviertan en laboratorios del odio», por lo que hace un llamamiento a toda la sociedad civil, organizaciones sociales, sindicales, religiosas y juveniles para «defender los principios de igualdad, convivencia y pluralismo que sustentan nuestro Estado de derecho».
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