El Gobierno propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la carta magna a fin de «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres», según han informado fuentes del Ejecutivo.
El anuncio del Gobierno se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara, con los votos del PP y Vox, una iniciativa del partido de Santiago Abascal para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto'.
En respuesta, el Gobierno ha comunicado este viernes que impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo «reciban información falsa o sin evidencia científica» e impulsará esa reforma constitucional. «En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas», han añadido las fuentes.
Para ello, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria.
«El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres», ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X.
«Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás», ha añadido.
Por ello, «el Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, empezando por la modificación del Real Decreto 825/2010».
Y llevará al Parlamento una propuesta «para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ha añadido el presidente del Gobierno en el mensaje publicado.
El propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.
Con esta medida, y según fuentes del Gobierno, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024: «El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».
La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).
El Gobierno continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció este jueves que el «síndrome posaborto» no es una «categoría científica reconocida», algo que ya apuntó el miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, quien defendió que este concepto se basaba en «mucha ideología y poca ciencia».
«No existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico», dijo la ministra tras conocer la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid.
Ya entonces avanzó que el Ministerio de Sanidad estudiaría la legalidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Madrid.
García advirtió al PP que en caso de que esto lo lleven a cabo, «el ministerio estudiará judicialmente la legalidad de la acción y las consecuencias jurídicas que pueda tener esta acción de acoso y desinformación».
También la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), Marina Díaz, afirmó en declaraciones a EFE que el trauma posaborto no está en las clasificaciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no es una etiqueta científica como tal". EFE
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