La semana entrante será intensa para el Pleno del Tribunal Constitucional, que analizará varias cuestiones relacionadas con la ley de amnistía que ya avaló antes del verano. En el debate que comienza el martes, el órgano aceptará estudiar —admitir a trámite— los recursos de amparo de Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. Por tanto, el Constitucional estudiará la decisión que tomó el Tribunal Supremo al rechazar amnistiar el delito de malversación. Así lo confirman fuentes jurídicas, que sin embargo niegan que el Pleno vaya a aceptar levantar las órdenes de detención que pesan sobre los independentistas fugados de la justicia.
En el mismo Pleno, el tribunal empezará a analizar el fondo de las impugnaciones planteadas contra la amnistía por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las Cortes de Aragón. La resolución de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo y el recurso de Aragón no entrará a abordar el asunto del que depende a día de hoy el futuro de Puigdemont: la aplicación de la ley de amnistía a la malversación de fondos públicos destinados a celebrar el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Este asunto, en cambio, es central en las peticiones de amparo de los independentistas, que solicitan corregir al Supremo, que mantiene una investigación abierta contra el expresident y sus exconsellers. Tras la aprobación de la amnistía pactada como contraprestación del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, el Supremo concluyó que la medida de gracia no es aplicable al delito de malversación.
Para que los delitos de malversación sean amnistiables, tal y como dicta la propia norma en su primer artículo, no debe existir "propósito de enriquecimiento". La ley acota incluso la interpretación que se debe dar a este propósito: no habrá "propósito de enriquecimiento" a no ser que el malversador haya buscado "obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".
En julio de 2024, el Tribunal Supremo concluyó que hubo una intención de obtener ese "beneficio personal de carácter patrimonial" en la actuación de los independentistas, así que rechazó amnistiar la malversación del procés. La tesis del tribunal es que, en tanto que no utilizaron su propio dinero para celebrar el referéndum, sino el de las arcas públicas, los líderes independentistas se beneficiaron igualmente.
El auto del Supremo apuntó que los encausados "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio". Destinaron los fondos públicos "a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria".
Las peticiones de amparo que tiene en su mesa el Constitucional sostienen que esta postura del Supremo y la decisión de no amnistiar la malversación suponen una violación de sus derechos fundamentales. El escrito que presentó el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa al Supremo de hacer "una lectura extensiva y valorativa que atribuye al acusado una finalidad de enriquecimiento allí donde no existe ni prueba ni indicio racional de tal propósito". Lo que implica, según el letrado, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal Constitucional estudiará estas alegaciones, junto a las de Puig y Comín, y deberá decidir si anula o no la decisión del Tribunal Supremo. Pero no llegará a una conclusión antes de fin de año, según comunicó a la prensa esta semana el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido. En el encuentro con medios que tuvo lugar el jueves, el magistrado expresó sus esperanzas de que todos los asuntos relacionados con la amnistía queden resueltos antes del verano. Sin embargo, Conde-Pumpido abandonará el Constitucional en marzo, al cumplir los nueve años de mandato que dicta la ley. De modo que los plazos dejarán de depender de él.
En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea transcurre un proceso paralelo al que tiene lugar en el Constitucional, cuyo objetivo es determinar si la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo. El tribunal de Luxemburgo tiene varias cuestiones prejudiciales sobre la mesa.
Una cuestión prejudicial es la que trasladan los tribunales (en este caso, españoles) cuando tienen dudas sobre si una norma nacional que deben aplicar es acorde al derecho de la Unión. En el marco de la resolución de estas cuestiones prejudiciales, la Comisión Europea entregó al TJUE un informe en el que calificaba la norma como una "autoamnistía", si bien no veía un perjuicio a los intereses económicos de la Unión.
Tras recibir el informe, el tribunal europeo celebró una vista el 15 de julio para abordar estas cuestiones prejudiciales: escuchó a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, a las defensas de los encausados del procés; pero también a las acusaciones que ejercen Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, y a la Comisión Europea.
El siguiente paso, tras la celebración de la vista, consiste en que el abogado general de la Unión Europea presente sus conclusiones ante el tribunal. Lo hará a mediados de noviembre, contestando a las cuestiones del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Las conclusiones del abogado general suelen adelantar la que extraerá el propio tribunal.
El presidente del Constitucional confía en que el TJUE no tumbe la norma. Este jueves, señaló que le "extrañaría" que España fuera "el único país" de la UE que no puede aprobar una amnistía. Previsiblemente, el órgano que preside Conde-Pumpido no resolverá los recursos de amparo antes de conocer las conclusiones del TJUE. Si el tribunal de Luxemburgo estima que la norma es contraria al derecho europeo, la amnistía decaería independientemente de los fallos del Constitucional.
¿Y "de quién depende" hoy en día más que nunca el llamado "Constitucional"? Pues del número uno de la koldosfera y cabeza de la "famiglia" Sánchez-Bergonya.