La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles, 15 de octubre de 2025, que el real decreto destinado a reforzar el sistema eléctrico español estará «muy pronto» en el Consejo de Estado. Este paquete legislativo incluye iniciativas que, a diferencia de otras, no requerirán la convalidación del Parlamento. La noticia surge en un contexto de renovado esfuerzo gubernamental por impulsar medidas energéticas cruciales para la estabilidad del país.
La declaración de Aagesen se produce tras el fracaso en el Congreso de los Diputados del conocido como 'decreto antiapagones'. Aquella propuesta decayó por los votos en contra de formaciones como PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA, lo que obligó al Ejecutivo a reevaluar su estrategia. El Gobierno optó entonces por fragmentar el contenido original, separando las disposiciones que exigían votación parlamentaria de aquellas que podían tramitarse por otras vías, buscando así una mayor celeridad.
Durante su intervención en el pleno del Congreso, la ministra Aagesen ha subrayado el «compromiso máximo» del Gobierno para sacar adelante la totalidad de las medidas. «No vamos a desistir. Vamos a seguir trabajando para conseguir aprobarlas», ha afirmado, respondiendo al diputado de EH Bildu, Mikel Otero, quien por su parte había instado al Ejecutivo a «no desfallecer por unas votaciones perdidas», enfatizando la importancia de estas regulaciones para sectores estratégicos como la industria electrointensiva. Sin embargo, la postura gubernamental ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, con el diputado del PP, Juan Diego Requena, refiriéndose a Aagesen como la «ministra de los apagones» y cuestionando la gestión energética del país.
El real decreto al que se refiere la vicepresidenta Aagesen representa una parte de aquel paquete inicial que no requiere el proceso de convalidación parlamentaria. Esto significa que las medidas contenidas en este nuevo texto legal pueden avanzar sin necesidad de someterse a una votación en el Congreso de los Diputados, agilizando su implementación. La ministra ha confirmado que este documento «muy pronto estará en Consejo de Estado y lo verán aprobado», lo que indica una fase avanzada en su tramitación. El Consejo de Estado, como máximo órgano consultivo del Gobierno, emitirá un dictamen no vinculante sobre la legalidad y oportunidad del texto, un paso preceptivo antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.
Este mecanismo permite al Ejecutivo desplegar ciertas políticas públicas de manera más directa, especialmente aquellas de carácter técnico o administrativo que no implican modificaciones sustanciales de leyes existentes o grandes partidas presupuestarias. La celeridad en este proceso es clave para el Gobierno, que busca reforzar la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico español en un momento de importantes desafíos.
El origen de esta nueva estrategia gubernamental se encuentra en el rechazo del 'decreto antiapagones' en la Cámara Baja. Aquel real decreto-ley, diseñado para abordar diversas problemáticas del sector energético, no logró los apoyos necesarios para su convalidación. La votación reflejó una amplia oposición parlamentaria, con los votos en contra de partidos como el Partido Popular, Vox, Junts, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la Chunta Aragonesista (CHA). Este revés supuso un importante obstáculo para la agenda energética del Gobierno, que había presentado el decreto como una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad de precios y el suministro. La caída de la norma evidenció las dificultades del Ejecutivo para construir consensos en materia energética, un ámbito de creciente sensibilidad política y económica.
La gestión de la política energética ha sido un foco constante de fricción política en España. La intervención de la ministra Aagesen en el Congreso no fue una excepción, evidenciando las profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición. La crítica del Partido Popular, a través de Juan Diego Requena, fue contundente. Requena no solo calificó a la ministra de «ministra de los apagones», sino que también realizó una comparación histórica desfavorable. Según sus palabras, «España tenía un sistema barato y seguro» antes de la llegada del actual Gobierno, y «siete años después», es decir, en 2025, el país experimenta «apagones y la electricidad más cara».
España, como muchos países europeos, se enfrenta a importantes desafíos en su política energética. La transición hacia fuentes de energía más limpias, la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad de garantizar un suministro seguro y asequible son constantes en la agenda política. Las acusaciones de «apagones» y «electricidad más cara» por parte de la oposición reflejan la preocupación ciudadana y empresarial sobre la factura de la luz y la fiabilidad del sistema. El Gobierno, por su parte, defiende su compromiso con la descarbonización y la modernización de las infraestructuras, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica. La aprobación de este nuevo real decreto se enmarca en esta estrategia más amplia, intentando aportar soluciones concretas a aspectos del sistema eléctrico que pueden ser abordados por la vía administrativa. La complejidad del sector energético exige una constante adaptación normativa y una visión a largo plazo, donde cada medida, por pequeña que parezca, puede tener un impacto significativo en la economía y en la vida de los ciudadanos.