Crece el ruido y la bronca interna en el seno del Gobierno de coalición, en esta ocasión con respecto a las políticas de vivienda. Este martes el socio minoritario del ejecutivo comandado por Pedro Sánchez ha elevado el tono de forma llamativa en el Congreso de los Diputados. Las crecientes tensiones internas del Gobierno se encuentran esta vez focalizadas en las políticas de vivienda. Así la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha lanzado un claro ultimátum a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al sugerirle que, si persiste en su negativa a adoptar medidas «serias, innovadoras y valientes» para contener la escalada de precios en el mercado inmobiliario, debería «dejar paso» a un perfil más proactivo y comprometido con la búsqueda de soluciones efectivas.
Esta declaración encaja con la creciente frustración de Sumar y de una parte de la ciudadanía ante lo que consideran una inacción ministerial de esta rama socialista del Gobierno. La contundente advertencia de Martínez Barbero surge tras la «decepción» expresada por Sumar con la comparecencia de la ministra Rodríguez la semana pasada en el mismo escenario parlamentario. La portavoz ha censurado abiertamente la postura de la titular de Vivienda, acusándola de desoír las propuestas concretas que Sumar ha puesto sobre la mesa para abordar la acuciante crisis habitacional.
«No se puede venir al Pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza en un asunto como este, y menos aún, cuando tiene sobre la mesa una serie de propuestas, las que hicimos desde Sumar», ha espetado Martínez, evidenciando el profundo desacuerdo con la estrategia actual del Ministerio. La formación progresista considera que las iniciativas presentadas hasta ahora por el departamento de Rodríguez son insuficientes y carecen de la ambición necesaria para revertir la situación.
Desde Sumar, la insistencia no radica únicamente en la aplicación de sus propias propuestas, sino en la necesidad imperiosa de que estas sean, al menos, consideradas y debatidas seriamente, dado que las políticas actuales del Ministerio «no están surtiendo efecto» alguno en la contención de los precios. «Vamos a seguir insistiendo en las medidas que hemos puesto en la mesa y vamos a proponer todas aquellas que hagan falta para que las familias de este país puedan tener un hogar y llegar también a fin de mes. Las dos cosas a la vez», ha afirmado Martínez, enfatizando la doble vertiente de la problemática que afecta a los hogares españoles. La portavoz ha reiterado la obligación de su grupo de señalar que, en materia de vivienda, se requieren «medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras». La preocupación es palpable: «Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez, no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo», ha sentenciado, dejando claro que la paciencia de Sumar se agota.
Escalada de tensión
El clima de fricción interna en el seno del Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Sumar, ha alcanzado un nuevo punto álgido con las declaraciones de la portavoz de Sumar. Este episodio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de desencuentros y divergencias que han caracterizado la relación entre ambos socios desde el inicio de la legislatura en 2023. La vivienda, un pilar fundamental del programa de gobierno y una de las principales preocupaciones ciudadanas, se ha convertido en un campo de batalla político donde las visiones estratégicas chocan frontalmente.
La crítica de Sumar no solo apunta a la ineficacia de las políticas actuales, sino también a una falta de voluntad política para abordar el problema con la contundencia que, a su juicio, requiere. La formación minoritaria ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la lentitud en la implementación de reformas estructurales y por la aparente resistencia del ala socialista a adoptar enfoques más intervencionistas en el mercado inmobiliario, algo compartido por otros socios del Gobierno como Esquerra, en BNG o EH Bildu. Esta situación genera un ruido constante en la acción gubernamental y pone de manifiesto las dificultades para armonizar las agendas de dos partidos con sensibilidades económicas y sociales distintas, a pesar de compartir el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda.
La presión sobre la ministra Isabel Rodríguez se intensifica, y con ella, la incertidumbre sobre la estabilidad de las políticas habitacionales a medio plazo. En este contexto de creciente descontento, Sumar ha lamentado que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aún no haya ofrecido una respuesta satisfactoria a las últimas propuestas que les ha trasladado en materia de vivienda. La portavoz Martínez Barbero ha exigido una explicación clara sobre «cuál es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda de España no se quieran asumir como medidas útiles» las iniciativas planteadas por su formación. La lógica de Sumar es contundente: «Porque si no son medidas inútiles, deberían estar adoptándose cuando vienen del socio gobierno», ha remarcado con firmeza. La formación considera inaceptable que, después de dos años de legislatura, el Ministerio de Vivienda siga sin implementar políticas con un impacto real en la contención de los precios. «No se puede seguir ni un minuto más con un ministerio que se llama de Vivienda, esperando que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda», ha insistido Martínez, ofreciendo una solución directa: «Si ella no tiene ideas, ahí tiene las nuestras». Esta afirmación no solo es una crítica, sino también una oferta de colaboración forzada, que evidencia la urgencia y la desesperación de Sumar por ver avances concretos en esta área.
La postura de Sumar ha sido reforzada por el coportavoz de los Comuns y diputado de la formación, Gerardo Pisarello, quien ha advertido que «el tiempo de Isabel Rodríguez se va a ir agotando» si no demuestra una capacidad real para implementar medidas urgentes que intervengan eficazmente el mercado del alquiler. Pisarello ha ido más allá, calificando de «lamentable» y «frívolo» que la única noticia relevante del Ministerio de Vivienda en las últimas semanas haya sido una campaña publicitaria que, a su juicio, «casi bromea» con los graves problemas habitacionales que padecen miles de ciudadanos en todo el país. Esta crítica apunta directamente a la percepción de que el Ministerio está más enfocado en la imagen que en la resolución de los problemas estructurales que afectan al acceso a una vivienda digna.
El diputado de Sumar ha exhortado a la ministra a que, si verdaderamente desea «honrar el artículo 47 de la Constitución», su enfoque no debería ser el lanzamiento de campañas publicitarias, sino la intervención decidida y valiente para atajar la «especulación» inmobiliaria. Entre las medidas concretas que Sumar propone y que Pisarello ha vuelto a poner sobre la mesa, destacan la aplicación de un control de precios sobre el alquiler y la prohibición de la compraventa de vivienda con carácter especulativo. Estas propuestas reflejan una visión más intervencionista del mercado, buscando limitar los beneficios extraordinarios derivados de la especulación y garantizar el derecho fundamental a la vivienda. La insistencia en estas medidas subraya la profunda brecha ideológica que existe dentro del Gobierno de coalición respecto a cómo abordar la crisis habitacional, con Sumar abogando por una regulación más estricta y el PSOE mostrando una mayor cautela.
La mención de este artículo de la Carta Magna por parte de Sumar no es baladí; busca recordar al Gobierno su mandato constitucional y la responsabilidad que tiene en la gestión de la política de vivienda. Para la formación, la inacción o las medidas insuficientes por parte del Ministerio de Vivienda constituyen un incumplimiento de este precepto fundamental. La interpretación de Sumar es que el Estado debe ir más allá de la mera facilitación y adoptar un papel activo en la regulación del mercado para garantizar que la vivienda cumpla su función social y no sea únicamente un bien de inversión o especulación. Este enfoque contrasta con visiones más liberales que abogan por una menor intervención estatal, y es precisamente en esta disparidad de criterios donde reside gran parte de la tensión dentro del Ejecutivo. La invocación del Artículo 47 sirve como un argumento de peso para justificar la necesidad de medidas más audaces y estructurales, como el control de precios o la lucha contra la especulación, que Sumar considera esenciales para proteger el derecho fundamental a la vivienda.
El Ministerio de Vivienda, como órgano del Gobierno central, tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda. Su papel incluye la regulación del mercado inmobiliario, la promoción de la vivienda protegida, la gestión de ayudas al alquiler y la compra, y la coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, su capacidad de acción está sujeta a las competencias transferidas y a la voluntad política de implementar medidas más o menos intervencionistas. La crítica de Sumar se centra precisamente en la percepción de que el actual Ministerio no está ejerciendo su papel regulador con la suficiente contundencia para atajar la crisis actual.
Cuidado que os vais a quedar sin la paga, bla..bla..bla..... y bajada de pantalones