La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este martes de la «deriva bolivariana» de la Justicia en España, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), algo que considera que es «un asalto y un enorme peligro».
Así lo ha expresado tras la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, el mismo día en el que el Gobierno de la nación va a aprobar esta ley, que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.
La dirigente autonómica ha afirmado que esta nueva ley es «un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial y por asaltar la justicia», en lo que considera que es «la deriva hacia lo que se llama justicia popular, la más injusta de todas».
«Es la pesadilla del Estado de Derecho y el sueño de los totalitarios que haya una justicia sin jueces», ha subrayado Díaz Ayuso, quien ha defendido que los jueces son «independientes e inamovibles», mientras que los fiscales «están sujetos a jerarquía» y elegidos por el Gobierno.
Ciertamente, la política española es francamente original. Quiero decir que se separa de lo normal, o de lo ordinario. Una medida inicialmente positiva, que libera a la judicatura de la instrucción penal, que estructura mejor la línea fiscalia-policia, y que impone una supervisión judicial independiente de la instruccióny que libera, repito, tiempo a los jueces, y que es un sistema normalizado en otros países democráticos y avanzados, resulta en España sospechosa de un mayor mangoneo de la Justicia por el Ejecutivo. Realmente deprimente. Y esto es una consecuencia directa de estos años de rifi-rafe del Gobierno con la Justicia. Con una clase política normal y menos manipuladora, ésta sería una reforma legal muy interesante.