Bolaños defiende que otorgar la investigación al fiscal mejora la independencia judicial

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este martes la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que otorga al Ministerio Fiscal la investigación penal y ha asegurado que esto permitirá aumentar las garantías y eficacia del proceso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), con el objetivo -ha dicho Bolaños- de contar con un sistema penal «moderno y más garantista». Una ley que sustituye a la vigente, aprobada en 1882, y que ha tenido más de 80 reformas, «más de 80 parches». Han pasado 143 años, «12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia, para que hoy el Consejo de Ministros apruebe la ley de enjuiciamiento criminal de la democracia que mejora, agiliza, moderniza y europeiza nuestro proceso penal», ha destacado el ministro. La principal novedad de esta reforma, que ahora se envía al Congreso para su tramitación parlamentaria, es que se atribuye la investigación penal al Ministerio Fiscal en lugar de a los jueces de instrucción, como pasa en la actualidad. «Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales», ha subrayado Bolaños, que ha incidido en que no se trata de una idea «novedosa», sino que deriva de un pacto de Estado alcanzado en el año 2001 entre PP y PSOE, en el que ambos pactaron que la instrucción penal la debían llevar a cabo los fiscales. Preguntado por las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales, el ministro ha asegurado que estas han sido oídas en el proceso elaboración de la ley. «Poner en cuestión la profesionalidad, la imparcialidad y la profesionalidad del Ministerio Fiscal a mí me duele, pero sobre todo dolerá más a los fiscales cuando escuchen este tipo de críticas», ha dicho. La reforma regula también la acusación popular, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y deja fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. «Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas», ha denunciado Bolaños en este sentido. Sobre la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, el titular de Justicia ha destacado que el Ejecutivo ha incluido todas las recomendaciones del Greco y de la Comisión Europea para reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal. Esto supone cambios «de un enorme calado» como que se desvincule la duración del mandato del fiscal general de la del Gobierno. En este sentido, ha apuntado que está previsto que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2028, con lo que será aplicada por el fiscal general que elija el Gobierno que salga de las urnas en 2027. «Yo espero que sea un gobierno progresista, pero en ningún caso podrá ser fiscal general en 2028 Álvaro García Ortiz, porque está agotando su segundo mandato en este momento, de tal manera que no podrá ser nombrado por un gobierno progresista que salga de las urnas en 2027», ha subrayado. Además, ha detallado que esta ley afectará a las causas que se incoen a partir de 1 de enero de 2028. Es decir, «no afecta en nada a ninguna de las causas que hoy están llevándose a cabo», ha apuntado Bolaños. En cuanto a los apoyos parlamentarios para sacar adelante este proyecto, ha asegurado que va a trabajar para conseguir mayorías y «llamar a todas las puertas». «También vamos a llamar a la puerta del principal partido de la oposición, que pactó en 2001 que la instrucción debía llevarse a cabo por los fiscales». Preguntado por la posición de Sumar, ha reconocido que esta formación tiene una «visión diferente» sobre la acusación popular. «La realidad de la acusación popular hoy es que es una herramienta de organizaciones ultras para perseguir a personas progresistas solo por el hecho de serlo y me sorprende un acercamiento un tanto ingenuo, un tanto inocente, a esta realidad incontestable», ha señalado sobre la postura de su socio de gobierno. Ha señalado también que esta reforma de la acusación popular es «menos ambiciosa» de la presentada en su día por el PSOE en el Congreso, ya que la prioridad es conseguir una mayoría para sacarla adelante. Bolaños ha recordado que en 1882 comenzó la construcción de la Sagrada Familia, al igual que se aprobó también en ese mismo año la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. «Las grandes obras, tanto en arquitectura como en derecho, necesitan su tiempo, pero llegan», ha concluido.