El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto donde se incluyen algunas medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico que ya estaban recogidas en el conocido como 'decreto antiapagones', derogado por el Congreso, y que ahora no tendrán que someterse a votación parlamentaria por su menor rango normativo.
Estas aspiran a aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y facilitar que se aprovechen las oportunidades de la transición ecológica, mediante el fomento del almacenamiento, la aceleración de la electrificación de la economía, y la repotenciación de instalaciones, precisamente la gran novedad del texto.
En relación con este último aspecto, el decreto introduce la definición de repotenciación de la normativa europea –la renovación de instalaciones con nuevas tecnologías– y el desarrollo, en el plazo de nueve meses, de una hoja de ruta nacional para su dinamización. Esta hoja de ruta podrá incluir objetivos estratégicos, en línea con los compromisos europeos, y medidas técnicas, regulatorias y financieras para incentivar la sustitución de los equipos e incrementar la eficiencia y la producción de energía.
Supervisión y control
Como ya se conociera previamente, el documento establece medidas de supervisión y control sobre las obligaciones de control de tensión de los agentes del sector eléctrico, reforzando así las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un informe trimestral de carácter público dará cuenta de esta cuestión. Además, el regulador también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del suministro, que repetirá cada tres años.
El operador del sistema, Red Eléctrica, por su parte, elaborará propuestas de modificación normativa ante oscilaciones de potencia, velocidad de variación de tensiones y programación de restricciones técnicas. También definirá un procedimiento para monitorizar incidentes y otro para coordinar los planes de desarrollo de las redes de transporte y distribución. Estas sugerencias técnicas deberán estar listas en plazos de tres a seis meses; las reformas serán analizadas por parte de los organismos competentes y, en su caso, tras las correspondientes valoraciones, las aprobarán en menos de seis meses.
Almacenamiento y electrificación
El decreto, asimismo, facilita incorporar al sistema eléctrico el almacenamiento de energía, que debe alcanzar una potencia de 22,5 gigavatios (GW) en 2030. Así, prioriza las hibridaciones de módulos de almacenamiento con plantas de generación cuando aquellos se ubiquen en el terreno ocupado por la instalación original.
En materia de electrificación, la norma fomenta, por un lado, la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, principalmente industriales, al fijar la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años de haber sido otorgados, previniendo el acaparamiento y la especulación. Por otro, acota los plazos de respuesta de las distribuidoras a la hora de poner en marcha las extensiones de red, por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos.
Tramitación urgente
El pasado 31 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica inició la tramitación, por la vía de urgencia, de una propuesta de real decreto para actuar sobre la supervisión, control y transparencia, así como el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda. En ese proyecto regulatorio se incorporaron medidas incluidas en el real decreto 'antiapagones', que decayó tras el 'no' del Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA. Las iniciativas que ahora reciben el visto bueno del Ejecutivo no tendrán que volver a pasar por la Cámara Baja, al poderse promulgar con menor rango normativo.
"aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y facilitar que se aprovechen las oportunidades de la transición ecológica, mediante el fomento del almacenamiento, la aceleración de la electrificación de la economía, y la repotenciación". ¿En que medidas prácticas se concreta toda esta verborrea?