El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.
Sánchez se ha referido por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial.
Varios centenares de personas han salido a las calles en Madrid, frente al Tribunal Supremo, y en Santiago de Compostela para protestar por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien dejó huella en la ciudad gallega como fiscal del Prestige.
Al grito de «vergüenza», «golpistas con toga» o «esto es política, no justicia», los ciudadanos se han manifestado en Madrid frente a la sede del Supremo, que el pasado jueves adelantó la pena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia está pendiente de redacción pero el Supremo adelantó la pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.
En Galicia, varios cientos de personas se han concentrado en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela para participar en una convocatoria anónima difundida por las redes sociales, con el lema en gallego de 'Stop al golpe de Estado' y 'No a la justicia antidemocrática'.
Los concentrados frente a la catedral compostelana han coreado consignas como «fuera fascistas del Tribunal Supremo», «no al golpe de Estado en la justicia» o «jueces fascistas».
García Ortiz trabajó en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela desde 2002 hasta 2020 y en 2004 fue nombrado fiscal especialista en medio ambiente, desde donde asumió en 2005 la acusación pública en el caso por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas.
En la manifestación de Madrid ha participado el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.
En declaraciones a EFE, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es «injusta» y «arbitraria». Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone «una revictimización mayor» del fiscal y «un desasosiego» para el sistema democrático.
La sentencia, ha agregado, no contribuye a que la gente normal y corriente como la que ha participado en la marcha confíen en la justicia. Personas que «quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido», ha sentenciado el exjuez.
Entre los participantes en la de Santiago de Compostela se encontraba la exdirigente del BNG Encarna Otero, que ha considerado la sentencia contra García Ortiz como «un intento de golpe de Estado».
«Continuamos en pie porque vamos a tener muchas ocasiones de seguir demostrando que las libertades las defendemos nosotros, la gente, esta lucha continúa», ha dicho Otero en unas improvisadas palabras ante un grupo de asistentes.
En Madrid se ha leído un texto escrito por «gente de a pie, demócratas» y sin «siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas», para solidarizare con el fiscal.
«Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención», apunta el texto.
Ha sido leído por uno de los participantes, Javier Álvarez, quien ha explicado a EFE que, aunque él cree que la justicia en España funciona «con cierta normalidad» y es una democracia «potente», en este caso el Tribunal Supremo ha actuado «con clara intención política»
baixamanerLo más increíble de todo es que no lo han sentenciado, porque no hay sentencia (caso inédito en España)... Otra vergüenza de la sala segunda del TS que el PP se jacta de controlar por detrás.