La Fiscalía Anticorrupción ha recibido una denuncia por estafa, organización criminal y blanqueo contra la plataforma de criptomonedas Monovex, que habría afectado a un centenar de personas y causado un perjuicio de unos 2 millones de euros.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, entre los meses de abril y octubre de 2025 los denunciantes han sido víctimas de delitos de estafa mediante la operativa delictiva conocida como «boiler room» o chiringuito financiero. El pasado mes de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó a Monovex entre las sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión.
Los denunciantes fueron contactados por integrantes de esta plataforma, los cuales se presentaban como intermediarios o asesores financieros, aparentando ser expertos en inversiones. Pero los instrumentos financieros ofrecidos eran inexistentes, ya que las inversiones nunca se realizaron y el dinero entregado acababa en poder de la organización.
Además, entre las estrategias empleadas por la sociedad destaca una supuesta entrevista entre David Broncano, presentador de La Resistencia, y el presidente de Inditex, Amancio Ortega, en la que se afirma falsamente que el programa «tuvo que ser retirado de emisión» porque el empresario habría revelado «una forma muy fácil de ganar dinero» mediante la plataforma. Para generar credibilidad, explica la denuncia, miembros de la plataforma insisten en que no se trata de operaciones con beneficios desmesurados, sino de una fórmula para obtener pequeños ahorros o ingresos complementarios a través de la inteligencia artificial.
Tras realizar una aportación inicial de pequeño monto, alrededor de 200 euros, Monovex informaba a los inversores de que su importe se había multiplicado por 25, y que su saldo, invertido en criptomonedas, alcanzaba los 5.000 euros. Sin embargo, al intentar recuperar los fondos, Monovex alegaba diversas excusas para impedirlo, desde la necesidad de abonar por adelantado un porcentaje en concepto de impuestos a la existencia de un supuesto problema relacionado con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los afectados, señala la denuncia, se encuentran fundamentalmente en España y Portugal.