Carlos Mur, Francisco Javier Martínez y Pablo Busca, tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, declararán esta semana en dos juzgados de la región por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia.
El origen de estos procedimientos está en actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante la primera ola de la pandemia.
En concreto, los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación de residencias a hospitales y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño en marzo de 2020 y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria.
Y también Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.
Mañana, martes, están citados los tres a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas. En este Juzgado se investiga la querella interpuesta por la familia de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.
El miércoles 10 de diciembre, los tres ex altos cargos deberán prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por un familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.
En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
En dos ocasiones anteriores, los tres ex altos cargos del Gobierno de Díaz Ayuso estaban citados como imputados, pero no prestaron declaración.
El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
Unas semanas más tarde, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés también suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". El abogado de Martínez Peromingo solicitó la inhibición.
La decisión sobre cuál es el Juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas.
Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima.
En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid.
Desde la asociación Marea de Residencias confían en que después de dos aplazamientos en otros tantos Juzgados, esos ex altos cargos declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida a las personas que vivían en las residencias de Madrid durante la pandemia.
AngelcaídoMenudo Zaska, Campeón!