El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Además, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le aplique una atenuante mayor y no sea condenado a los 7 años de cárcel que pide la Fiscalía Anticorrupción, dada su «colaboración proactiva con la Justicia». Así lo hace en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Fiscalía pidiera que Aldama sea condenado por el Supremo por esos tres delitos y a menos años de cárcel que los otros dos procesados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al valorar su «confesión».
El empresario admite un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada, los tres de los que le acusa Anticorrupción. Dicho eso, Aldama reclama que la pena solicitada por la Fiscalía «debe rebajarse en un grado adicional» por su «confesión» y se le aplique una atenuante «muy cualificada». «Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación», esgrime su defensa.
Y según añade, su colaboración «se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados». El empresario asume a grandes rasgos «el relato fáctico» de la Fiscalía y señala que los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión --la empresa presunto epicentro de la trama-- por administraciones públicas fueron «en virtud de sus relaciones con Ábalos y Koldo» y que «facturó globalmente en concepto de comisiones» hasta 6.676.046,08 euros« a través de otras sociedades.
Aldama recuerda que ya declaró en sede judicial que »se proyectó abonar comisiones a Ábalos y Koldo (identificado como 'Goblin'), que le fueron solicitadas por ambos por este concepto en la cuantía de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente«. Y agrega que »aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas« a favor del empresario, »se pagarían, en la distribución expuesta, a Ábalos y a Koldo, conforme a las cantidades que le fueron solicitadas por ambos«.
La defensa también ha pedido que comparezcan en el juicio como testigos los empresarios Juan Carlos Cueto, presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como supuesto cabecilla en la presunta trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel. Además, ha pedido la testifical de personas del entorno familiar y personal de Ábalos y Koldo. Por parte del exministro, ha solicitado que declare su hijo, además de dos mujeres con las que se le relacionó, Jésica Rodríguez y Claudia Montes. Respecto a Koldo, ha pedido la testifical de su expareja y su hermano.
El empresario ha incluido en la lista de posibles testigos a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada en el 'caso Koldo'; el presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.
En su escrito de acusación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, resaltó que la »confesión« de Aldama en sede judicial fue con «manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento». Y no son afirmaciones «auto exculpatorias», aseguraba, ya que Aldama viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía «defender sus intereses de manera privilegiada ante la administración pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves».
Aldama no aporta nada nuevo. Ahora falta que la prensa reconozca que Armengol es igual de delincuente que Abalos y Koldo. A estos y a Armengol les gusta empinar el codo, cerrando locales.