El Gobierno ha establecido un calendario concreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, que podrán presentar sus solicitudes desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026. La medida, fruto del acuerdo entre el Ejecutivo y Podemos, marca un hito en la política migratoria del país y busca reconocer los derechos de miles de personas que ya residen y trabajan en territorio español.
La ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, quien también ejerce como portavoz del Gobierno, ha calificado el acuerdo como «histórico» durante su intervención en el programa La Hora de La 1 de Televisión Española. Según sus palabras, esta iniciativa «reconoce, dignifica y da garantías» a personas que ya forman parte del tejido social y económico español, aunque su situación administrativa no esté regularizada.
El procedimiento diseñado contempla que, una vez presentada la solicitud durante el período establecido, la administración tendrá un plazo máximo de 15 días para admitirla a trámite. A partir de ese momento, los solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral «en cualquier sector, en cualquier lugar del país», según ha explicado Saiz. Esta medida elimina las restricciones geográficas o sectoriales que habitualmente condicionan los permisos de trabajo.
Plazos administrativos y garantías para los solicitantes
Uno de los aspectos que la portavoz gubernamental ha destacado con mayor énfasis es el establecimiento de plazos concretos para la tramitación administrativa. «Nos hemos puesto plazos a nosotros mismos», ha señalado Saiz, reconociendo la necesidad de que la administración ofrezca «una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura».
Según el calendario previsto, desde que se admita a trámite la solicitud hasta la resolución definitiva no deberían transcurrir más de tres meses. Este compromiso temporal busca evitar la incertidumbre prolongada que habitualmente sufren quienes inician procesos de regularización. La ministra ha subrayado que estos plazos permitirán que los derechos reconocidos «se puedan ejercer con toda la dignidad que merecen».