El Senado ha aprobado este miércoles la ley para combatir la multirreincidencia, una iniciativa de Junts que ha incorporado durante su paso por la Cámara Alta varias enmiendas que suponen un endurecimiento de la ley de extranjería, con mas controles para los migrantes que soliciten la regularización, con lo que la norma deberá pasar de nuevo por el Congreso. El texto impulsado por Junts modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
Ahora, tras las modificaciones introducidas por el PP en el Senado, se modifica también la ley de extranjería con un nuevo artículo sobre «garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España» que establece que todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante carezca de antecedentes penales. El senador del PP, Juan Bautista Milián ha defendido los cambios introducidos por su partido y ha destacado que no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control riguroso.
«Exigir solo una declaración responsable es convertir a España en el mayor coladero de delincuentes de toda Europa. Es hacerle el juego sucio a las mafias», ha dicho este senador que ha explicado que por eso proponen que para obtener o mantener una autorización de residencia sea imprescindible carecer de antecedentes penales, no solo en España, sino también en los países donde se haya residido previamente.
A él le ha respondido el senador del PSOE José María Oleaga, quien ha mostrado su preocupación porque estas enmiendas suponen la criminalización de la inmigración y ha acusado al PP de «comprar la agenda ultra» de Vox. Desde este mismo partido, Dionís Oña ha advertido de que no hay nada que justifique la expulsión automática de un extranjero sin tener en cuenta la gravedad del delito cometido y su situación personal o familiar, ni que se pida la expulsión sin juicio previo y sin sentencia firme.
El PSOE ha advertido de que lo que se aprueba hoy en el Senado con la mayoría del PP «será corregido» en el Congreso de los Diputados. ERC, por su parte se ha abstenido en esta votación, al igual que hizo en el Congreso, al considerar que «el punitivismo de la multirreincidencia es tan inútil como cruel» y ha advertido de que incrementar las penas sólo favorece que «de la no violencia se pase a la violencia delincuencial».
En el mismo sentido, Mario Zubiaga (EH Bildu) ha calificado la norma de «reforma placebo» y ha afirmado que una respuesta meramente punitiva ha demostrado no tener efecto ninguno. Desde Junts, el senador Eduard Pujol ha celebrado la aprobación de esta ley porque la multirreincidencia -ha dicho- es una «auténtica pesadilla» que en muchos casos «ha roto la convivencia» en barrios, calles, plazas y pueblos. Y ha lamentado que la norma haya estado más de dos años «durmiendo el sueño de los justos» en el Congreso.
Vox, por su parte, ha reclamado medidas como la expulsión inmediata del territorio nacional para quienes cometan delitos repetidamente y la prohibición de acogerse a cualquier procedimiento de arraigo social o laboral, o a cualquier residencia si se ha cometido un delito. Entre los cambios introducidos en el texto, figura una enmienda del PP que exige un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia y otra que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma. El texto ha incorporado, asimismo, una enmienda del PSOE por la que se incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico. En cuanto a Vox, se ha incorporado una para permitir que las entidades del sector público local puedan ejercer la acción penal en los delitos de hurto.
España es el mayor vertedero de gentuza, vagos y maleantes del mundo. ¡Gracias progresia!