Las principales asociaciones de jueces han tachado de «inadmisibles» las críticas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al juez Juan Carlos Peinado, que este lunes propuso juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos, y han manifestado su preocupación por el «descrédito» que suponen para el Poder Judicial.
Tras conocer la decisión de Peinado de juzgar a la esposa del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Bolaños dijo que la instrucción que había realizado este juez «ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados en nuestro país».
Señaló Bolaños que «el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable». En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), primera en número de afiliados, considera «inadmisible» que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta ha avergonzado a muchos jueces y magistrados.
Esta asociación ha reclamado al ministro «respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno».
En un Estado de derecho -advierte- las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción. «Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos», señalan.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -la segunda con mayor representación- ha expresado su «profunda preocupación por el descrédito» que tales palabras suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran.
«Este tipo de declaraciones supone un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes», lamenta esta asociación para apelar después a la responsabilidad institucional de los poderes públicos, «en especial de los que integran el Gobierno». «Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división. Preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden», sostiene.
Bolaños me recuerda a aquellos coches de los 70 con el tapete de ganchillo de la abuela en la bandeja bajo la luna trasera con el perrito que movía la cabeza solidariamente a cada bache.