La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos en febrero, y han confirmado fuentes de la Fiscalía.
También constan como investigadas las concejalas de Turisme i Innovació, Paula Llobet, y la de Educació, Igualtat i Esports, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner). La formación valencianista denunció hace algunas semanas «una serie de maniobras administrativas» que, según esta formación, habrían servido para orquestar una «subrogación encubierta» de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas.
Fuentes fiscales han añadido que las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de la Intervención General del Estado. Según explicó la portavoz de la coalición progresista en el Consistorio valenciano, Papi Robles, «no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de València lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas» que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.
Quan el PP, una ORGANITZACIÓ CRIMINAL (MÀFIA) per sentència judicial, toca poder no els manca temps per a posar en funcionament els seus aparells de corrupció, sempre ben engreixats.