«No hay ninguna duda, todos los contratos que se prorroguen hasta el día 28 de abril van a ser válidos», ha asegurado este lunes, 20 de abril, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En este sentido, ha argumentado que «todas las prórrogas solicitadas al amparo de un derecho aprobado por el Gobierno de España, según la legislación vigente, son válidas».
Todo apunta a que el martes, 28 de abril, el citado decreto ley decaerá en el Congreso de los Diputados, ya que el Gobierno no tiene los votos necesarios para sacarlo adelante; por lo que los interesados en pedir la ampliación del contrato sólo tienen unos días para hacerlo. Sin embargo, el Ejecutivo sigue negociando con los diferentes grupos políticos. En este sentido, el ministro ha argumentado que una encuesta elaborada por Ateneo del Dato y encargada por Estrella Galán, eurodiputada de Sumar del grupo The left, refleja que tres de cada cuatro españoles están a favor de esta ampliación, que prevé un decreto ley, que fue aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.
Bustinduy ha argumentado que los datos del citado sondeo ponen de manifiesto que «hay un consenso transversal, que va de izquierda a derecha porque ese apoyo también es mayoritario entre los votantes del PP, e incluso, de la extrema derecha porque respaldan algo que es de sentido común». Además, ha subrayado que «hasta la mitad de los españoles reconsiderarían su voto en el caso de que la fuerza política a la que apoyan vote en contra de esa medida». Por ello, ha señalado que «el Partido Popular va a tener que dar muchas explicaciones» si vota en contra del decreto ley que permite la ampliación de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 por dos años más.
Además, el ministro les ha augurado «un enorme coste político» si votan en contra de esa medida. «Entre los votantes del PP hay el doble de inquilinos que de caseros, ¿a quién van a defender?». Ante esta situación ha apelado a todos los grupos parlamentarios, y les tendemos la mano para ello, a que reconsideren su postura y no voten en contra de los españoles, a que pongan por delante el derecho a la vivienda y no los intereses de un puñado de operadores financieros que están obteniendo un lucro desmedido a costa de la principal preocupación de los españoles». A su modo de ver, «esta medida va a salir adelante porque es de interés general y de sentido común». En este punto, ha restado importancia a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que llamó «racista y clasista» a Junts en una entrevista realizada por Carlos Alsina en Onda Cero.
Un ahorro de más 2.000 euros al año
Bustinduy también ha resaltado que la convalidación de este decreto ley supondría un ahorro de más de 2.000 euros al año para los inquilinos afectados, «esto es un 10 % de los ingresos para millones de familiares trabajadoras. Cómo es posible que la derecha ande reclamando rebajas fiscales para las familias y vaya a votar en contra».
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