Tres inspectoras del Ministerio de Transportes han rechazado este jueves haber recibido indicaciones en la auditoría que elaboraron y que puso en cuestión la adjudicación de contratos de mascarillas que ahora sientan en el banquillo al exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción.
La novena jornada del juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha comenzado en el Tribunal Supremo con la extensa intervención, de casi tres horas, de estas tres inspectoras y de una perito que elaboró, a petición del exministro, un informe que cuestionó la auditoría de Transportes. Con sus respuestas, las inspectoras han intentado sacudirse los reproches de subjetividad, «falta de transparencia» y juicios de valor que, según la perito de la defensa, contiene el informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente.
Una auditoría que, según han recalcado las funcionarias de Transportes, no era una «auditoría pública», sino «una auditoría interna publicada». Las defensas han cuestionado con dureza que las inspectoras no entrevistasen a todos los que intervinieron en la contratación, empezando por el exministro Ábalos, lo que a juicio de la perito encargada por él «resta objetividad e independencia» al informe.
Al respecto, las funcionarias han explicado que solo podían entrevistar a quienes forman parte del Ministerio o de la administración porque no tienen «autoridad» para pedir información a alguien que ya no trabaja allí, y que plasmaron las respuestas recabadas en el informe, sin que eso encierre ningún juicio de valor. Para elaborar la auditoría, analizaron 1.928 archivos y más de 6.000 correos.
La perito que ha declarado a propuesta de Ábalos y su exasesor ha querido dejar claro que, en su informe, ella nunca entró a valorar «si está bien o mal la auditoría», pero sí ha reiterado que, «según cómo la han analizado, contiene sesgos, interpretaciones subjetivas» y eso «les aparta de los estándares» que deben seguir.
El papel de Koldo García en los contratos, en el foco
Uno de los aspectos que cuestionó la auditoría fue la «intervención» del exasesor ministerial Koldo García en varios momentos de las adjudicaciones, «principalmente con la oferta directa, en papel y sobre la mesa», de la empresa Soluciones de Gestión, según ha explicado una inspectora.
Según su criterio, «llama la atención que sea un asesor» quien tenga esas intervenciones, sobre todo cuando además había un jefe de gabinete que estaba «por encima de cualquiera de los asesores». Al igual que han destacado que Soluciones de Gestión se ofreciese para suministrar material sin ofertas aún, el 20 de marzo de 2020, de modo que «era evidente» que alguien se lo había comunicado a la empresa, aunque no han sabido quién.
La duplicidad de un encargo de mascarillas (de 4 a 8 millones) en 38 minutos es otro de los aspectos destacados por las inspectoras, porque «la estimación técnica del Ministerio» eran 4. La Fiscalía sospecha que detrás de ese aumento está una «imposición» de Aldama aceptada por Ábalos y Koldo García. «Objetivamente, nadie nos ha dicho por qué se produce ese cambio», ha indicado una. «No se cuestiona la cifra; la realidad es que la cifra no está motivada en la orden de adquisición», ha apuntado otra. Eso sí, las inspectoras han reiterado que la legalidad en la tramitación de los contratos no está en cuestión, porque ya fue auditada y avalada por el Tribunal de Cuentas.
Lo dicho la IZQUIERDA, cuando hay problemas, se lían a dentelladas entre ellos mismos...