Las 262 oficinas para la protección de menores creadas en 2020 por las diócesis y congregaciones españolas recibieron 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores en 2025, lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia en los últimos cinco años. Así lo ha informado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, en la rueda de prensa celebrada este viernes para dar cuenta de los trabajos en la 129º Asamblea Plenaria de los obispos.
«Las oficinas para la protección de menores han recibido 1.131 testimonios sobre victimarios y estamos en torno a 1.000. Estamos convencido de que las víctimas pueden y deben presentar su caso donde quieran, con absoluta libertad y respeto: Nosotros seguimos ofreciendo el trabajo profesional y de confianza de las oficinas y seguimos trabajando con el sistema PRIVA», ha dicho García Magán.
Un informe que se traslada «a cada una de las instituciones eclesiales implicadas, como hemos hecho siempre con los otros», según ha indicado el obispo auxiliar de Toledo. Durante el año pasado recibieron formación sobre protección de menores 465.465 personas, entre ellos, 363.060 menores, 34.175 profesores, 32.310 padres, 19.265 agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas, 7.712 sacerdotes y religiosos, y 1.388 seminaristas y religiosos en formación.
En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el presidente de los obispos, Luis Argüello, al referirse sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica anunció que en esta reunión someterían a debate y votación «un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer». Esa norma ha sido aprobada, aunque según ha matizado el portavoz de los obispos, «esa figura penal no se circunscribe a los abusos» y «no es solo para clérigos», también para «fieles laicos que desempeñan un oficio eclesiástico».
«Ha habido un error de comunicación o comprensión», ha considerado García Magán, que ha explicado que este texto «con multas económicas» se enviará ahora a la Santa Sede, que tiene que aprobarlo para que sea efectivo. Respecto al acuerdo alcanzado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, el portavoz ha lamentado las «imprecisiones» que, a su juicio, ha cometido en sus manifestaciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
«La Iglesia lleva años pagando, ya sea por la jurisdicción civil como por la canónica,; la Iglesia (diócesis y congregaciones) ha pagado incluso fuera del ámbito estrictamente judicial; existían estructuras antes de este acuerdo, no se parte desde cero y el PRIVA sigue trabajando sin problema», ha precisado el prelado.
Y ha recordado que el Defensor del Pueblo -que tendrá la última palabra a la hora de establecer la indemnización para las víctimas si no hay acuerdo- es una institución independiente del Gobierno. «No me creo que Ángel Gabilondo actúe al dictado del Gobierno», ha aseverado. Sobre una posible reunión del pontífice con las víctimas de la pederastia durante su próxima visita a España, el portavoz ha considerado que ese encuentro «sería bueno», si bien ha insistido en que no depende de ellos porque «la agenda del viaje la hace el papa».