El Gobierno ha recordado este jueves que el préstamo de 53 millones de euros concedido en 2020 a Plus Ultra se hizo «en un marco reglado sin discrecionalidad ni arbitrariedad», en cuya concesión intervinieron técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) además de asesores externos. Fuentes del ejecutivo se han referido a las condiciones del rescate días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya citado como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en la concesión de la ayuda a la aerolínea.
Entre otras consideraciones, el magistrado cuestiona en un auto fechado el pasado lunes la pertinencia del préstamo, al entender que la compañía se encontraba en causa de disolución y no cumplía los requisitos.
El Gobierno ha enfatizado que la para una operación de esta envergadura la normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos, y en este caso se trató de un procedimiento administrativo en el que participaron los servicios técnicos de SEPI, asesores externos y la compañía. Asimismo, contó con el aval de la Comisión Europea (CE) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que respaldaron la ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor se tomó en base a media docena de informes técnicos, todos los cuales avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos, y con posterioridad el Consejo de Ministros autorizó la propuesta del Consejo Gestor. Estos préstamos tienen un exhaustivo control por parte de la Administración, con un procedimiento administrativo y garantista; y el de Plus Ultra, dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI y contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos.
Fuentes del Gobierno destacan también que la ayuda fue revisada infructuosamente por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y por un perito judicial, y además analizada por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado.
El préstamo también estuvo incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda. El Gobierno indica que Plus Ultra, como compañía aérea, formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector. Las ayudas respondieron a un procedimiento administrativo, y compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto Covid y cumplían los requisitos recibieron los préstamos del FASEE.
ZP era un asesor externo...