La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido este martes en que el procedimiento para conceder la ayuda a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas respondió «absolutamente» al marco regulatorio establecido y fue «impecable, transparente y riguroso». La portavoz de Moncloa ha defendido la legalidad del proceso de rescate.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que el préstamo concedido a Plus Ultra durante la pandemia, como los concedidos a otras empresas de sectores estratégicos, responde a un marco regulador y a un procedimiento administrativo en el que «no cabe ni arbitrariedad ni discrecionalidad». El Ejecutivo insiste en que se trata de un procedimiento reglado sin margen político directo.
En este sentido, ha explicado que hay un consejo gestor que está compuesto por técnicos de la SEPI, expertos jurídicos y financieros externos y que, «siempre con criterios absolutamente técnicos» se produce la validación de esa ayuda. El Gobierno destaca la intervención de un órgano técnico independiente en la evaluación.
Además, ha añadido, se produce un control «exhaustivo», no solo de la Administración en este caso, sino también del Juzgado de Instrucción número 15, de la Fiscalía en la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas, de la propia Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Moncloa subraya la existencia de un control múltiple por varias instituciones nacionales y europeas.
La portavoz ha afirmado además que un aplazamiento de la Seguridad Social es una herramienta «absolutamente adecuada y viva» que en momentos de crisis usan empresas o autónomos y que hay un procedimiento que siempre se basa en criterios técnicos. El Ejecutivo enmarca estas medidas en una práctica habitual de apoyo a la liquidez empresarial.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones añaden que esta figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales y que durante la pandemia se utilizó de forma «más intensiva». El departamento destaca el uso extendido de este mecanismo durante la crisis sanitaria.
Por ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que el año anterior). El Gobierno subraya el incremento extraordinario de estas medidas en pandemia.
También apunta el Ministerio que, dentro del ámbito de competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, está la tramitación de los aplazamientos, que «se efectúan siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta». El Ejecutivo insiste en la neutralidad administrativa del proceso.
En lo que tiene que ver con pedir un aplazamiento de deudas, ha añadido la portavoz del Ejecutivo, es importante que, tal y como establece el Reglamento General de Recaudación, hay que tener una serie de requisitos «absolutamente medidos y absolutamente técnicos». El Gobierno recalca la existencia de criterios técnicos estrictos para su concesión.
Para recibir un aplazamiento, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y que tienen viabilidad para pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías. El Ejecutivo recuerda las condiciones de solvencia exigidas a las empresas solicitantes.
Además, a la hora de aprobarlo se tiene en cuenta si ha habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto y que, a la vista de la documentación aportada, acrediten viabilidad, explica el Ministerio. La valoración incluye un historial previo de cumplimiento de la empresa.
«No desaparece la deuda, no se condona la deuda», ha recalcado la portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. El Gobierno subraya que se trata de un aplazamiento y no una cancelación de deuda.
También ha afirmado que los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de forma automática (como si se tratase del certificado de vida laboral), sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto. El sistema se basa en procesos automatizados sin intervención discrecional individual.
En este contexto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado la «total colaboración» del Gobierno en lo que tiene que ver con poner a disposición toda la documentación de un procedimiento de este tipo. Moncloa reafirma su disposición a colaborar con la justicia y los organismos de control.
Los JUECES LO DIRÁN MINISTRA... No os cansáis de repetir una y otra vez LA MISMA JUGADA QUE TAN MAL OS SALE...SIEMPRE? 🙈😉🥀🥀🥀🥀🥀🥀