El 1 de junio comenzará en España una nueva forma de facturación que, sin afectar a los costes del sistema, supondrá una diferente forma de asignación de los mismos a los consumidores. Este cambio puede situarse en la larga trayectoria de reformas que han hecho posible un mayor protagonismo de los consumidores.
Todo empezó el 1 de julio de 2009, cuando empezó a regir la estructura actual de la factura, con la imputación de los costes del sistema a través de los términos fijo y variable de la factura.
El coste de producir la energía eléctrica aparecía en el término variable y respondía al coste de la generación, expresado a través del mercado eléctrico horario. De esa forma, se establecía una comercialización regulada a la que tenían acceso los consumidores domésticos con potencia no superior a 10 kW.
La segunda modificación se produjo el 1 de abril de 2014 cuando, para la comercialización regulada, el coste de la energía se tomaba directamente del mercado eléctrico horario. Este sistema de tarificación, denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumido (PVPC), sigue vigente. Esta modificación estaba conectada con un plan de instalación de contadores inteligentes, capaces de medir ese consumo horario.
La tercera se produjo 6 de octubre de 2017, con una nueva regulación de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Se introdujeron criterios de renta con base en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y se regulaba, con mayor detalle y más garantías, los casos de impagos y las posibles consecuencias de desconexión.
La actual modificación tiene dos características que la definen: nuevas metodologías de cálculo y discriminación horaria generalizada:
Con varios años de retraso, al fin se implanta una metodología precisa para el tratamiento de los costes del sistema. El coste de las redes se financia mediante el peaje establecido por un organismo independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) mantiene el tratamiento de los cargos con su propia metodología.
La nueva factura no modifica la cuantía del coste de las redes y de los cargos, sino su reparto entre los consumidores, aplicando unas metodologías inexistentes hasta ahora y que básicamente responden al criterio de que cada consumidor pague según el nivel de tensión al que está conectado y del periodo horario en el que consume.
Los peajes para el año 2021, suponen una retribución a la red de transporte de 1.631 millones de euros y de 5.228 a la la red de distribución. En cuanto a los cargos, suman 6.622 millones de euros, de los que el grueso (el 48%) corresponden a la retribución de las energías renovables, cogeneración y residuos.
Ambos costes, peajes y cargos, resultan pues de similar cuantía.
Otro cambio importante es la implantación de la discriminación horaria generalizada con seis periodos horarios, que se reducen para los consumidores domésticos a tres en el término de energía y a dos en el término de potencia.
No se modifica el criterio de contratación regulada, PVPC, que sigue siendo accesible a los consumidores con potencia contratada igual o menor de 10 kW. Para ellos, los nuevos precios, peajes y cargos se aplicarán automáticamente.
Los que tienen contrato libre habrán tenido que negociar unas nuevas condiciones, entre ellas, si optan por una tarifa plana o lo hacen por una tarifa indexada, que no tuvo mucho desarrollo en el anterior sistema de discriminación horaria voluntaria.
Los consumidores tienen ahora un poderoso incentivo para reducir su consumo en las horas punta y a trasladarlo a horas nocturnas, fiestas y fines de semana, ya que el precio del kWh en punta podría llegar a ser cinco veces superior al de valle.
Todos los consumidores domésticos disponen ya de un contador inteligente que puede aportar datos imprescindibles para una adecuada gestión energética con la nueva factura. Por un lado, la potencia realmente utilizada por periodos, para ajustar las potencias contratadas. Por otro, en qué periodos consume más y en qué periodos menos, para establecer nuevas pautas de consumo.
Para los consumidores domésticos quizá aumente la complejidad de la factura de la luz, pero indudablemente se trata de un paso más en la dirección de hacer más eficiente el consumo y de posibilitar un mayor poder de gestión.
Juan Luis Sancha Gonzalo, profesor del Máster Universitario en Sector Eléctrico en la Universidad Pontificia Comillas y experto en el Sistema Energético Español.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.