El pasado miércoles salían a la luz unas fotos que confirmaban la supuesta relación entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey. Las imágenes se hicieron públicas el pasado miércoles a través de una revista holandesa.
En las instantáneas, tomadas hace más de tres décadas, se muestra al monarca besándose con la que fuese esposa de Ángel Cristo en su casa de Boadilla del Monte.
La persona que compartió las imágenes es Ángel Cristo Jr, que, tras varias amenazas hacía su madre, el exconcursante de Supervivientes cumplió por fin su palabra y sacó a la luz los documentos. Desde entonces han surgido varias incógnitas como el origen real de las fotos o si hay más archivos de este tipo guardados.
El hijo de la vedette se sentó este fin de semana en el plató de ¡De Viernes! para contar todos los detalles del presunto chantaje de su madre al rey emérito, el cual asegura, fue pagado con dinero público.
Más allá de sus palabras, la duda que surge ahora son las consecuencias legales que podría tener para Cristo difundir las fotos. De ello han hablado en dos programas de televisión, D Corazón y Fiesta.
Según ha comentado Euprepio Padula en el programa de La 1, Cristo "está bien asesorado". "Probablemente habrán ganado poco al vender la exclusiva a la revista holandesa, porque lo que a él le interesa a nivel económico es lo que va a pasar en España. Si lo han hecho con esta revista es porque saben que ahí no pasará nada".
"Aquí compiten dos derechos fundamentales que son el de la información con el de la intimidad", ha afirmado por su parte Jorge Borrajo, director de Semana. "En este caso ganaría el de la información, porque es un hecho relevante e informativo brutal. Son las pruebas de un supuesto chantaje al jefe del Estado", ha zanjado.
En el programa de Telecinco, sin embargo, han especulado con la posibilidad de que Cristo pueda hasta ir a prisión. Según este espacio, podría haber incurrido en revelación de secretos con difusión, delito por el que podría enfrentarse a entre uno y cinco años de prisión; también uso lucrativo, que podría aumentar la posible condena penal, con una condena de una pena de entre cuatro y siete años.