Si nada lo impide, este viernes el Gobierno aprobará la tramitación mediante procedimiento de urgencia para agilizar al máximo los plazos del real decreto por el que los residentes en Canarias, Balears, Ceuta y Melilla obtengamos el descuento del 75 por ciento en los billetes de avión y barco a la Península. Será un nuevo capítulo de esta pesadilla que llevamos años sufriendo y que confirma una y otra vez que los residentes de las Islas somos tratados como ciudadanos de tercera en inversión por habitante. Una nueva humillación para poder seguir riéndose en nuestra cara, después de tantos años luchando para que se nos conceda el derecho a la movilidad en igualdad de condiciones que los peninsulares, que si no fuera por el poder negociador de Nueva Canaria no se habría producido, no nos engañemos. Esta doble y triple insularidad en el caso de Menorca que se traduce en pérdidas de competitividad y no hace más que frustrar nuestro desarrollo social y económico. No hay derecho.
Pero la vida es pura comedia y la crueldad de todo este farragoso camino ha hecho que la misma semana que nos enterábamos del error en la redacción de los Presupuestos Generales sobre la imposibilidad de aplicar el descuento, las portadas de la prensa también se hacían eco del informe del Tribunal de Cuentas Europeo, censurando el sobrecoste y el bajo pasaje de la alta velocidad en España. El despilfarro en mayúsculas que, blanco sobre negro, hace que nuestro país quede retratado por los auditores europeos en cuanto a recursos dedicados y resultados obtenidos. En información publicada por La Vanguardia el 27 de junio se daba cuenta de que la red española de alta velocidad, que el año pasado cumplió 25 años, es la más extensa de Europa y la segunda del mundo después de la china, con 2.675 kilómetros en servicio (3.827 si se añaden las líneas en construcción), pero, sin embargo, queda a la cola de los países auditados en uso de sus trenes con 13,4 pasajeros por kilómetro (Francia, por ejemplo, tiene una ratio de 49). Si nos ponemos en fondos comunitarios destinados, Europa ha aportado 14.071 millones de euros de los 53.557 invertidos y el coste de construcción por cápita es el más elevado (1.159 euros), al igual que la tasa de cofinanciación (26%), que se traduce en 305 euros por habitante. ¿Saben que los fondos reservados de los Presupuestos para la bonificación de este 75 por ciento son 200 millones de euros? Peanuts, dirían los ingleses.