Al sector turístico le pasa como al del fútbol: que todo el mundo sabe, que todo el mundo opina y que todo el mundo tiene sus propias teorías y creencias. Por ello cuesta tanto ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el modelo turístico que debe prevalecer y sobre todo, porque en el propio sector turístico se mueven intereses tan diversos y tan heterogéneos que cuesta conciliarlos, como recordaba Guiem López Casasnovas esta semana durante una entrevista radiofónica en IB3 cuando se le preguntaba sobre el decreto que ha aprobado la Ley Turística.
Detrás del turismo hay más múltiples actores interesados que no únicamente los hoteleros. Abarca empresas de servicios, empresas auxiliares, abarca no solo empresas de construcción sino de rehabilitación, abarca todo el universo de hostelería y restauración, del ocio, abarca toda la actividad de alquiler turístico, de profesionales como arquitectos o aparejadores que puedan estar más interesados en construir que rehabilitar. En fin, no acabaríamos. Si nos cansamos en decir que el turismo ha dejado de ser sol y playa, ha dejado de ser una habitación de hotel y ha pasado a ser una experiencia, detrás también podríamos sumar todos aquellos negocios que se encargan de proporcionarla y con ello, cada uno con sus legítimos intereses. Por ello siempre va ser sumamente difícil llegar a consensos porque las visiones pueden estar indicando hitos distintos.
De momento, el único consenso que parece emerger sobre la nueva ley turística es la crítica por haber sido tramitada mediante decreto ley por el Govern en vez de pasar por el diálogo que debería haberse mantenido en el Parlament, si bien el conseller Negueruela se apresuró el martes a dejar claro en una interesante entrevista publicada en Es Diari, que era la única opción que tenían para evitar un efecto llamada que colapsara la administración de nuevas peticiones ante un anuncio de esta magnitud.
En clave menorquina, la nueva ley turística no se acaba de entender porque si algo ha hecho Menorca ha sido limitar su crecimiento mediante el Plan Territorial que aprobó en 2003 y, por ello, se siente discriminada ante esta suspensión.
En paralelo está la problemática de la oferta ilegal no regulada y poco perseguida, que distorsiona el número de plazas que puede soportar un territorio. En fin, que el match solo acaba de empezar y habrá que ver cómo sigue.