En los años noventa, en Balears, se marcaron las bases que definirían lo que hoy llamamos sostenibilidad de nuestro modelo económico. Se aprobó la Ley de Espacios Naturales, la Ley de Ordenación Territorial y las Directrices de Ordenación Territorial. También se inició el proceso de modernización permanente de la planta hotelera y se aprobó a finales de la década la Ley General Turística. Una ley que limitó definitivamente el crecimiento en plazas turísticas. Sí, escuchan bien, se limitó el crecimiento cuantitativo de plazas turísticas hace treinta años.
Sin duda, esa redefinición de herramientas legislativas respondía a una apuesta por la protección de nuestro territorio limitado, al refuerzo y blindaje de nuestra industria turística como tractor de nuestro crecimiento económico y, en definitiva, a la interiorización del necesario equilibrio social, económico y medioambiental.
Todo eso pasaba después de más de treinta años de aquello que algunos llaman «boom» turístico, y que yo seguiré denominando nacimiento de nuestra industria turística y del modelo económico moderno en las islas. Y todo eso sucedía porque ya se hablaba entonces de destinos maduros, de desestacionalización, de diversificación económica, de saturación, de impacto medioambiental, de monocultivo económico y de tantas otras cuestiones que con el tiempo se volvían a repetir una y otra vez, como si desde las instituciones de las islas no se tuviera decidida voluntad en resolver la ecuación.
Ese primer intento de reconvertir la planta hotelera, de reconvertir el destino y de reconvertir el sector turístico, no cuajó del modo adecuado, porque a principios del nuevo siglo se inició un proceso de demonización del sector y de fisuras interesadas entre la sociedad y el sector turístico. Es fácil recordar la famosa «ecotasa», que más que recaudar la compensación por el impacto del turismo en el territorio, lo que consiguió es que se visualizara un divorcio cainita entre sociedad y modelo económico, y se quisiera castigar al mismo tiempo al turista que nos visitaba.
Fue en 2012 con la aprobación de la vigente aún hoy Ley de Turismo, cuando se produjo un punto de inflexión, generando un antes y un después en el modelo turístico de las Illes Balears. Lo dicen los datos de lo que supuso la Ley. Ha sido, sin duda, la ley que más y mejor efecto ha tenido en un sector económico, diría yo, que incluso en un modelo económico global, donde supuso en un plazo de cinco años, el mayor impacto económico distribuido en todo el tejido empresarial de las islas. Más de 2.000 millones de euros de inversión distribuida directamente entre los actores del 80% del PIB de las islas.
De 2012 a 2015 se sucedieron mejoras en la ley y normativa complementaria como el Decreto Ley de zonas maduras (2013), el Decreto Ley de desestacionalización (2014) y el decreto que desarrolló reglamentariamente la Ley de Turismo (2015). La base legislativa se vio complementada por una apuesta innovadora que fueron los planes integrales de turismo de todas y cada una de las administraciones, enmarcadas en el Plan Integral de Turismo 2015-2025. La senda que se había marcado por parte del sector público y paralelamente, sin duda, por el sector privado, afianzó la apuesta por un modelo turístico-económico que fue mimetizado por diferentes comunidades autónomas, hasta que en el año 2016 y 2017 se sucedieron nuevas leyes, que paralizaron definitivamente el proceso de transformación del sector turístico balear.
En el año 2020, en plena pandemia, mientras algunos pensábamos que era el momento de incentivar y de volver a facilitar la inversión, en dos temporadas que las Illes Balears han dejado de ingresar más de 20.000 millones de euros, se aprobaron varios decretos ley donde se dinamitaron los derechos de muchos microinversores, y se paralizó definitivamente la inversión hotelera.
La apuesta de 2012 por el turismo en mayúsculas supuso la mayor reconversión turística de la historia, donde se reformaron mas de 1.000 establecimientos turísticos; donde la inversión privada apostó por ser tractor del reposicionamiento en las zonas maduras como Magaluf, Platja de Palma, Alcúdia y Cala Millor; donde se apostó por la diversificación en el producto turístico; donde Palma se convirtió en un destino de referencia; donde desaparecieron el mayor número de hoteles de 1 y 2 estrellas; donde se reconvirtieron el mayor número de hoteles de 4 y 5 estrellas; y donde se crearon más puestos de trabajo y mayor economía estructurada.
El frenazo entre 2015 y 2021 ha sido también de los más bruscos de la historia, y si ha seguido habiendo inversión es por la inercia de la Ley de Turismo y la incapacidad de las administraciones, de ser ágiles en tiempo y forma en las autorizaciones, castigando al inversor, a una espera de tres años, en la mayoría de los casos. Este frenazo, después de que casi el 50% de la planta turística se haya reposicionado, ha sido letal. Debíamos haber seguido apostando por la reinversión y por todos aquellos preceptos que le Lay de Turismo de 2012 marcó como hitos necesarios y convenientes.
Era 2022 un año de esperanza, donde el espectador, esperaba que con datos y situaciones tan definitivas como las escritas en la ultimas década, se volvieran a aplicar las fórmulas del éxito de 2012.
No ha sido así. El año 2022, treinta años después de la primera reconversión turística y territorial de los años noventa, era la hora de la inversión publica. Era la oportunidad de proyectos transformadores con los Next-G, que acompañaran a la inversión privada de la ultima década. Era el momento de la reconversión del destino, y de la inversión en producto y en I+D+i. Era el momento de la reconversión total, esto es, de la reindustrialización del turismo de las Illes Balears. Era el momento de la apuesta por la diversificación del producto turístico para competir con la estacionalidad. Era el momento de tantas líneas marcadas por la Ley de Turismo, que no era necesario ni pensar. Estaba escrito, a pesar de llevar siete años de suspensiones de artículos, derogaciones de otros y hasta cinco modificaciones en algunas figuras tan importantes en nuestro destino, y referentes en muchos otros competidores, como nuestro excepcional turismo rural.
Era el momento de seguir dando pasos cualitativos. Tantos como nos permita la salud de nuestro sector turístico. Reconvirtiendo la oferta con potencial suficiente, y reindustrializando aquella sin capacidad operativa suficiente en un mercado de calidad. Para ello, herramientas como el cambio de uso, e incluso el esponjamiento en algunas zonas complejas, realizado con la «nueva ecotasa», que para actuaciones como esta, es para lo que sirve.
Era el momento de la apuesta por un alquiler turístico de calidad, donde se crearan herramientas legislativas ágiles y excepcionales para incorporar al mercado aquella oferta que debe estar en igualdad de condiciones que la hotelera, y que en estos momentos está prohibida a raíz de los planes de intervención en los ámbitos turísticos.
Era el momento de eliminar plazas turísticas. Aquellas obsoletas y aquellas ubicadas en activos con posibilidades de cambio de uso residencial, que tanta falta hace en las islas, y también en oferta socio-sanitaria y de segunda residencia asistida.
Era sin duda, el momento de la apuesta definitiva por un modelo de éxito marcado por la Ley de Turismo 8/2012, que el tiempo ha dado por excepcional, y algunos siguen negando la evidencia.
El decreto ley aprobado recientemente, básicamente consiste en la creación de planes de circularidad y sostenibilidad; en la creación de incentivos para las reformas hoteleras siempre que reducen un porcentaje sus plazas; y en la aprobación de una moratoria turística sin precedentes.
Sin entrar en los planes de circularidad y sostenibilidad, para los cuales no era necesario un decreto ley, ya que estaban recogidos en la propia Ley de Turismo de 2012, las otras dos actuaciones «estrella», son definitivamente la reafirmación de los actuales gestores, en la voluntad de paralizar definitivamente la reconversión industrial del sector turístico, que históricamente se define como urgente y necesaria. Dicho decreto ley supondrá un cero en inversión privada y en reconversión hotelera, otro cero en inversión pública, y la paralización, por la moratoria anunciada, de multitud de microinversiones atomizadas en el territorio, que conllevará sin duda, al cierre de multitud de pymes.
Sigamos apostando por la reindustrialización de nuestro modelo turístico, y dejémonos de intervencionismo, prohibiciones, moratorias y fantasmas.